Tal y como había anticipado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en su primera comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo de esta legislatura y que tuvo lugar el pasado jueves, la deuda de las Administraciones Públicas cerró el año pasado por debajo del ... 96%. En concreto, según los datos del Banco de España que se han conocido esta mañana, la deuda se redujo hasta el 95,5% del PIB, lo que supone un descenso de 2,1 puntos porcentuales respecto al cierre de 2018. Durante ese último año, el nivel de apalancamiento del Estado cayó un punto de PIB. Con ello, al término del ejercicio 2019 se marcaba la cifra más baja desde 2012 para la deuda en términos de PIB.
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Con este dato de cierre del año pasado, España cumple holgadamente con el objetivo previsto en el Plan Presupuestario, que marcó en el 95,9% su meta. En concreto, por tanto, la disminución de la deuda pública en el año 2019 fue cuatro décimas superior al objetivo remitido en octubre por el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario de 2020.
De acuerdo con el análisis del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la disminución de la deuda pública ha sido posible «gracias al importante descenso de la emisión neta del Tesoro, que se situó el pasado año por debajo de los 20.000 millones de euros, la menor cifra desde 2007, a la confianza de los inversores en la economía española, que se está traduciendo en una reducción sostenida de la prima de riesgo, y a la gestión más eficiente de la tesorería de las Administraciones Públicas».
Asimismo, el Gobierno apunta que en los dos últimos años, entre 2018 y 2019, la caída de la deuda pública sobre el PIB fue de 3,1 puntos porcentuales, superior al ajuste registrado entre 2014 y 2017, periodo en el que la ratio se estrechó desde el 100,7% hasta el 98,6% del PIB, es decir, en 2,1 puntos.
Si en comparación con el PIB, la deuda pública se ha reducido en el último año, no lo ha hecho en términos absolutos: al cierre del ejercicio pasado, el volumen del endeudamiento de las Administraciones Públicas era de 1,188 billones de euros, frente a la cifra de un año antes, cuando se colocaba en 1,173 billones. Ello implica que la reducción de la deuda descansa sobre todo en el crecimiento económico.
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De hecho, por administraciones, la deuda sólo bajó en términos absolutos y en comparación interanual en las corporaciones locales, mientras que aumentó en el Estado central, las autonomías y especialmente en la Seguridad Social. La deuda de esta última cerró el año en los 55.024 millones de euros, una cifra récord, frente a los 41.194 millones del cierre de 2018.
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