Madrileños, riojanos, navarros y aragoneses, los únicos que incrementaron sus deudas en 2017

En el caso de los madrileños, su deuda aumentó casi un 3% hasta los 250.272 millones de euros, según el último anuario estadístico de la Asociación Española de Banca (AEB); los aragoneses lo incrementaron casi un 2% hasta los 12.569 millones; los navarros, un 4,4% con 4.904 millones acumulados; y los riojanos, más de un 7% al alcanzar los 3.313 millones.

Esta evolución contrasta con la caída de la deuda que tenían los hogares con sus respectivas entidades financieras el año pasado, cuando se cerró el ejercicio con créditos vivos por valor de 702.684 millones de euros, un 1,5% menos que en 2016. Más de una tercera parte de esa cuantía se la deben los madrileños a sus entidades; otro 20% corresponde a los catalanes; y ya de forma muy lejana, otro 10% a los andaluces. Entre las tres comunidades acumulan dos tercios de toda la deuda con la banca de España.

En el caso de la mayor parte de las regiones, sus ciudadanos redujeron el endeudamiento durante 2017. Quienes más acortaron los compromisos financieros vía préstamos y créditos fueron los clientes de Cantabria, al drenar su deuda un 15% (deben 4.406 millones); les siguen los de Galicia, con una caída del 11% (20.151 millones) ; y los de Murcia, con un recorte del 10% (13.418 millones). A partir de ahí, se encuentran los de Asturias (-6% y 9.246 millones); Canarias (-5,6% y 19.089 millones); Castilla y León (-4,5% y 19.359 millones); Andalucía (-4,5% y 69.664 millones); Comunidad Valenciana (-3,7% y 66.519 millones); Islas Baleares (-3% y 17.127 millones); País Vasco (-1,7% y 29.885 millones); Cataluña (-1,7% y 141.218 millones); Castilla-La Mancha (-0,7% y 12.598 millones); y Extremadura (-0,7% y 7.463 millones).

Esta situación se produce con una amortización hipotecaria que no para, aunque no pasa lo mismo con el crédito al consumo, cada vez más boyante. De hecho, el BCE y la Comisión Europea advirtieron recientemente que «los bancos y los supervisores deben garantizar una implementación lo suficientemente conservadora de los estándares de crédito, en particular a la luz del reciente incremento de la demanda de créditos al consumidor (...) Se trata de una expansión que merece una vigilancia cercana».