El destino de las ayudas millonarias de Europa

Pero, ¿en qué gastará España esa gran cantidad de dinero? Bruselas insta a España a destinar las inversiones públicas a reforzar su sistema sanitario y a impulsar la transición ecológica y digital. Es más, los fondos se desbloquearán a medida que elConsejo Europeo apruebe los proyectos, que siempre deberán girar en torno a esos temas. Así, políticas del Gobierno de Sánchez, como la posible subida de las pensiones, habrá que financiarlas con recursos propios.

Y el dinero no se recibirá todo junto, sino que será entregado poco a poco y a medida que se aprueben dichos proyectos de 2021 a 2024. El año que viene se producirán, por tanto, los primeros desembolsos, pero España tiene que ser rápida en presentar unos proyectos acordes a las líneas europeas para que el impacto económico en las cuentas públicas del año que viene sea el mayor posible. El reparto de fondos se realizará en dos franjas: el 70% se comprometerá entre 2021 y 2022, y el 30% restante hasta el final de 2023.

España tendrá que presentar sus planes de reformas e inversiones a la Comisión Europea, que tendrán que aprobarse por mayoría cualificada en el Consejo (al menos 15 Estados miembros que representen el 65% de toda la población de la UE). Y el desembolso de cada tramo de ayuda dependerá de que se confirme que están cumpliendo las metas pactadas, para lo que la Comisión pedirá la opinión de los Veintisiete a nivel técnico. Si pasa esos dos filtros, se desembolsará los fondos al país.

El denominado «freno de emergencia» supondrá que si un solo país considera que hay incumplimientos, podrá elevar el asunto a una cumbre de líderes comunitarios. Esto significará la paralización del pago hasta que se aborde la cuestión.

Los fondos para la reconstrucción configuran una oportunidad histórica, que ponen en valor, si cabe aún más, nuestra pertenencia a Europa. Estos cuantiosos recursos pueden ser críticos tanto para anticipar y afianzar la recuperación si se utilizan adecuadamente, pero su carácter extraordinario y no recurrente nos obliga a priorizar aquellas inversiones que sean más eficientes para contribuir a facilitar de forma sostenible la actividad y la competitividad empresarial. Con este propósito hemos de priorizar aquellos proyectos que sean susceptibles de colaboración y/o cofinanciación público-privada, por cuanto ello nos permitiría financiar un mayor y mejor volumen de proyectos de inversión viables.

La condicionalidad implícita que inevitablemente acompañará a este programa es una oportunidad para acometer aquellas reformas estructurales que más necesita nuestra economía o para aumentar la credibilidad de nuestro compromiso con la sostenibilidad presupuestaria, por la vía de mejorar la eficiencia de nuestro gasto público y no tanto con subidas de impuestos empresariales que comprometerían nuestra competitividad a largo plazo.

La asignación de estos fondos debe implementarse de la forma más reglada posible basada en el cumplimiento de criterios objetivos previamente establecidos, que ponderen los beneficios a largo plazo de los proyectos y sus posibles efectos multiplicadores y de arrastre en su funcionamiento. Por otra parte, sería conveniente que las Administraciones participantes en su gestión siguieran principios de transparencia efectiva y rendición real de cuentas y se coordinaran adecuadamente para obtener las mayores sinergias posibles.

La creación de un Fondo de Recuperación para hacer frente al impacto de la pandemia ha sido un hito para la Unión Europea. Se trata de un magnífico acuerdo que sienta las bases de la Europa del futuro y que sirve para cohesionar a un continente en unos momentos muy complicados, en los que está en juego nuestro peso político en el mundo. Si posturas a priori tan irreconciliables fueron capaces de llegar a un entendimiento, no sería entendible que no tuviera lugar en España una dinámica similar, con los grandes partidos nacionales suscribiendo un plan de recuperación que contemple el mejor aprovechamiento de las ayudas para modernizar la economía española y salir reforzados de la crisis.

Unas iniciativas alejadas de la autocomplacencia, regidas por criterios objetivos, y que rindan cuentas del destino de tales fondos y de los resultados obtenidos. Nada distinto a lo que es habitual en cualquier empresa.

Esos fondos deberían ir orientados tanto a las transitorias medidas sociales que sean precisas, como al impulso a la creación de empleo, a la modernización de la enseñanza, en particular la formación profesional en nuevas tecnologías y nuevas profesiones, a la innovación y la sostenibilidad que nos sitúen en la vanguardia del mundo digital y de la economía verde. Y todo ello sin olvidar principios tan básicos como la seguridad jurídica, esenciales para cualquier inversor, algo que venimos reclamando desde el sector financiero. Finalmente, no son menos importantes cuantas iniciativas se tomen para recortar la ingente cantidad de despilfarro y gastos superfluos de la Administración, que siguen pesando en exceso en nuestras cuentas públicas y que suponen un lastre para el crecimiento futuro.

Para decidir en qué invertir los fondos europeos hay dos lógicas distintas, y la tarea de la política económica es intentar reconciliarlas. Por una parte, propiciar la recuperación y salvaguardar empleos en base al tejido productivo existente. Por otra, habría que invertir en proyectos que contribuyan a modernizar la economía, con un mayor énfasis en tecnología digital y energías renovables. Ese doble objetivo puede estar en tensión, porque buena parte del tejido productivo opera con tecnología analógica, y se basa en energías no renovables, justo lo contrario de que necesitamos. La solución es encontrar un punto de confluencia entre estas dos lógicas. Por ejemplo, la renovación urbana, para mejorar la eficiencia energética, o la recalificación de personas en paro de larga duración. El éxito dependerá de que se consiga transformar la 'vieja economía' sin prescindir de ella o provocar su quiebra.

La reforma más importante de cara al aprovechamiento de las ayudas europeas es la Administración Pública, con capacidad de implementación de los proyectos de inversión. Otra reforma inaplazable es la del sistema educativo. No será posible transitar a una economía digital sin reducir la tasa de abandono escolar temprano, la más elevada de Europa.

Y el problema de la condicionalidad es la composición del gasto. Solo computarán proyectos que mejoren el potencial productivo, como inversiones digitales o medioambientales. Bruselas pide a los países que integren sus recomendaciones en materia de reformas, como la laboral. La buena noticia es que solo fija un objetivo genérico para evitar la elevada dualidad y temporalidad, y no entra en cómo conseguirlo, pero sí valorará que España progrese en dirección de ese objetivo.

El fondo de recuperación europeo supondrá para España una ingente llegada de recursos económicos. Además, va sujeto a unas condiciones que nada tienen que ver con las de la anterior crisis –recortes en pensiones, reformas para provocar la caída de los salarios, reducción del modelo social…–, sino al reforzamiento de nuestro sistema sanitario y, sobre todo, a la modernización de nuestro aparato económico desde las premisas de avanzar en la digitalización de la economía y de hacerla más sostenible.

Es necesario prospectar como país cuáles son los sectores de producción de bienes y servicios en los que tenemos una buena posición comparativa, en una mirada de largo plazo. Tras este diagnóstico, deben diseñarse las transformaciones necesarias en las políticas sectoriales e industriales, así como las posibles debilidades, para decidir cómo canalizar los recursos económicos. Los fondos debieran emplearse allí donde generen sinergias positivas, y desde espacios compartidos entre instituciones, agentes sociales, redes de centros de investigación, formación, empresas, etc.

Parte de esos recursos tendrían que reforzar los sistemas formativos. Se deben fortalecer asimismo las redes de investigación y desarrollo, además de incentivar la transformación de sectores productivos sabiendo que tenemos escasa base industrial, dependiente de decisiones externas. Estos recursos nos ofrecen un incentivo para deshacer las anteriores reformas, pensadas precisamente para un país de bajos salarios, precarización del empleo y elevada rotación laboral. Modernización laboral, fiscalidad suficiente para el medio plazo o una ambiciosa política sobre el precio de la vivienda, son parte de la agenda reformista que necesita España.

Teníamos ciertas esperanzas de que la temporada veraniega hiciera despegar el turismo, pero julio está siendo un mes más que tibio y agosto no apunta mejor. Como las finanzas españolas están en las últimas, esperamos que los fondos de Bruselas sean determinantes para dotar de liquidez a las empresas. No se trata de seguir financiando las pérdidas de una actividad que nunca recuperaremos porque en el turismo, lo que no se vendió ya no se recuperará. Lo que precisamos son transferencias a fondo perdido, no avales.

Calculamos que para extender los ERTE, solo en el turismo, hasta fines de 2020, el Estado precisa 5.000 millones. Además, otros 2.500 millones para bajar el IVA y procurar que aumente la demanda o aliviar tensiones financieras. Por ello y como sugieren los comisarios europeos, lo justo es que el sector se lleve un 20%-25% de las ayudas de Bruselas, unos 30.000 de los 140.000 millones. No compartiríamos un criterio de reparto proporcional al peso del turismo en la economía porque somos quienes más sufrimos a corto: 83.000 millones en pérdidas en 2020 por un 53% menos de actividad.

Además, es clave abordar la reconversión integral de las grandes fábricas/destinos turísticos de los años 70. Convertirlas en entornos más protegidos, sostenibles y deseables para turistas y residentes. Ello requiere inversiones públicas de entre 10.000 y 12.000 millones que induzcan a su vez inversiones del sector privado que dupliquen esa cifra.

Aunque los fondos europeos no llegaran hasta 2021, el Gobierno debe actuar e inyectar ya recursos en los subsectores más perjudicados, incluso apelando a créditos bancarios puente, con la garantía de los fondos de la UE y amortizables tan pronto lleguen.

La mayoría de los titulares han tildado de histórico el acuerdo alcanzado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para afrontar la reconstrucción con un fondo extraordinario, financiado por primera vez por una emisión de deuda conjunta. Es un pacto histórico, pero es también un acuerdo inevitable. No había alternativa posible.

Los europeos sufrieron los efectos de la salida de la última crisis con una Europa dividida y con la austeridad como principio inquebrantable. No es necesario un gran ejercicio de memoria para recordar el sufrimiento que ello provocó.

El acuerdo nos permite vislumbrar una unión reforzada y a la vez una Europa más solidaria y sostenible porque el Consejo ha revalidado la apuesta de la Comisión por situar al Pacto Verde como el eje principal para estimular la economía y luchar contra el cambio climático. La UE destinará a este objetivo el 30% del fondo de recuperación y de su nuevo presupuesto para los próximos siete años, dedicando una parte muy importante a instrumentos que contribuirán a la aceleración de la transición energética, incluidas las redes eléctricas, que tienen un papel fundamental para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

España se encuentra en una buena posición para aprovechar estos recursos, con un sólido marco, unos objetivos calendarizados en el Plan de Energía y Clima y un potente ritmo de integración de renovables.

Si alguna consecuencia positiva nos deja la Covid-19 es el convencimiento de que es el momento de acelerar el paso y avanzar por esta senda, una potente palanca de creación de empleo y crecimiento; un convencimiento compartido por gobiernos, empresas y sociedad civil. También, por Red Eléctrica de España.