El déficit del Estado acelera su reducción y cae un 22% hasta septiembre

Ese -2,7% que el Ministerio de Economía anticipó a mediados de julio ante Bruselas como nueva meta presupuestaria para este año supone cuatro décimas menos que el dato del -3,1% con terminó 2017, esto es, unos 4.800 millones menos, prácticamente 1.000 millones más que el ahorro de 3.857 millones alcanzado en los nueve primeros meses de 2018. Si echamos un poco la vista atrás, al cierre del primer semestre ese ahorro se acercaba al medio punto del PIB y suponía 5.300 millones, lo que permite inferir una cierta relajación posterior en el ajuste estatal. Así, hasta septiembre los ingresos crecían claramente por encima de los gastos (8,3% frente a 4,9%) pero su volumen era sensiblemente menor (145.233 millones frente a 158.478 millones).

No obstante, también hay constatar que en la segunda mitad del año ha habido que afrontar dos importantes compromisos de gasto del Ejecutivo anterior: la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios -la remuneración de los asalariados del Estado crece ya un 2,5% de media y suponía 12.921 millones hasta septiembre-, sumando 1.950 millones entre ambas. Igualmente en los últimos meses del año suele acelerarse la recaudación fiscal al cerrarse las campañas de distintos impuestos e incluso se espera que lo hagan las rentas de sus participaciones empresariales y otros organismos (AENA-Enaire, Loterías del Estado, Banco de España…).

Los ingresos del Estado por impuestos y cotizaciones sociales crecieron un 6,8% hasta septiembre pese al descenso del 1,5% en la recaudación de las segundas, debido a la desaceleración de la recuperación del mercado laboral. El IVA fue el tributo que mostró mayor vigor en sus entradas por el aún fuerte consumo, obteniendo 57.938 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo período de 2017. La segunda mayor aportación vino de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, que con 47.919 millones mejoraron en un 10,5% el dato del ejercicio anterior.

Entrando ya en el capítulo de gastos, las inversiones brutas del Estado aumentaron un 60,5% desde enero en tasa interanual hasta sumar 4.833 millones de euros, mientras que los desembolsos por intereses de su deuda se redujeron de forma moderada (solo una décima menos) hasta quedar en 19.592 millones. En cualquier caso, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el déficit público de 2018 superará incluso en una décima el objetivo ya ampliado por el Gobierno para irse hasta el -2,8%.

Y es que la AIReF estima que el Gobierno no ha considerado, al menos en su plan presupuestario enviado a Bruselas, que este año habrá medidas de gasto no recurrentes como la recuperación de la empresa Aguas de Llobregat por la Generalitat catalana, lo que engordará en 800 millones su saldo negativo. A ello se unirán otros 300 millones a desembolsar desde las arcas públicas por sentencias contrarias a decisiones de los gobiernos autonómicos de Baleares y Andalucía, así como del ayuntamiento de Valencia.

Pendiente todavía de que se ejecute ese impacto, el déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta agosto -salvo el dato de las corporaciones locales, aún no publicado- se redujo un 14,6% respecto al mismo período de 2017. Se situó en 26.674 millones, lo que equivale al 1,95% del PIB. No obstante, frente a los números rojos de la Administración Central (20.164 millones), las comunidades autónomas registraron un superávit de 1.689 millones -diez tuvieron cifras positivas-, casi el doble que hace un año al haber recibido ya la liquidación definitiva de 2016. A su vez, la Seguridad Social redujo su saldo negativo un 9,3% hasta 5.420 millones, quedando así por debajo del medio punto en términos de riqueza nacional (en concreto, el 0,43%).