Montoro quiere que los Presupuestos de 2018 incluyan parte de la nueva financiación autonómica

La reforma de la financiación autonómica se ha convertido en el nuevo caballo de batalla entre Hacienda y la oposición. Todas las comunidades quieren cambiar el sistema actual y presionan para que se aborde ya, mientras que el Gobierno ya ha repetido en varias ocasiones que sólo saldrá adelante si cuenta con el respaldo del PSOE. En este sentido, el Ejecutivo espera tener un primer borrador de propuestas del comité de evaluación en las próximas semanas y luego deberá debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades, lo que en la práctica impide que la reforma de financiación se apruebe este año.

Montoro ha querido dejar claro que la reducción de déficit de las comunidades permite abordar "en las próximas semanas" esta reforma con más tranquilidad. "No necesitamos más recursos, sino financiar en términos de equidad a los ciudadanos con independencia donde residen", ha avisado. En cualquier caso, Hacienda quiere aprovechar las demandas de más recursos de las comunidades autónomas -muchas de ellas gobernadas por el PSOE- para vincularla a la aprobación de los Presupuestos de 2018. De hecho, ha recordado que sin no se prorrogan las cuentas públicas de 2017 la transferencia de ingresos del Estado a a las comunidades se congelarán aunque aumente la recaudación.

Y es que el ministro de Hacienda ha reconocido que no han aprobado los Presupuestos del próximo año porque no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes. "Sería una irresponsabilidad del Consejo de Ministros aprobar un proyecto de ley sin tener garantizado el suficiente apoyo parlamentario". Montoro ha afirmado que un rechazo de los Presupuestos en el Congreso crearía un escenario de "inestabilidad" que perjudicaría a España. En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que tras estabilizar la situación de Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre puedan lograr el apoyo diferente, en referencia a la falta de respaldo del PNV por el conflicto catalán.

Por otra parte, Montoro ha insistido en que España cumplirá este año el objetivo de déficit del 3,1%, lo que supondrá quedarse a las puertas de salir del programa de vigilancia estrecha de la UE. Sin embargo, el comportamiento de las distintas administraciones es muy diferente. De hecho, el ministro ha reconocido por primera vez que la Seguridad Social no reducirá el déficit ese año y cerrará en un nivel similar al del año pasado del 1,6% del PIB, pese al 1,5% contemplado en las previsiones enviadas en octubre a la Comisión Europea. Es decir, el sector acabará con un agujero superior a los 18.000 millones de euros.

Por otra parte, el ministro ha valorado que las comunidades autónomas cumplirán el objetivo del 0,6% e incluso algunas de esas regiones logren superávit. Asimismo, Montoro ha destacado que el Estado está reduciendo el déficit a un ritmo del 42% hasta septiembre. Una reducción que, sin embargo, no impedirá que incumpla el objetivo previsto. Por último, los ayuntamientos cerrarán con un superávit del 0,6%. Un saldo positivo que convierte a las corporaciones locales en las más afectadas por la regla de gasto, que limita el aumento del gasto sin consumir todo el superávit.

Una realidad que ha provocado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya pedido una flexibilización de la regla de gasto. Montoro no se ha negado, pero ha dejado claro que la regla de gasto es "irrenunciable" y ha defendido el control financiero impuesto al ayuntamiento de Madrid por incumplir "reiteradamente" esta norma. En este sentido, ha cargado contra la interventora general de la capital, al afirmar que hace una interpretación de la norma "distinta a la de miles de ayuntamientos".