La crisis del modelo de Muface amenaza con crear un agujero económico al Estado

El principal riesgo ahora es que ninguna de ellas -ni alguna otra- se presente al concurso, al considerar que la capilaridad que ofrecen los conciertos con Muface no compensará la «escasa generosidad» que, a su juicio, el Ejecutivo ha tenido a la hora de mejorar la prima. Las dimensiones del conflicto, que de llegar al último extremo implicaría que la pública tuviese que absorber a todos esos funcionarios, son difíciles de imaginar. ASPE, la patronal de la sanidad privada con una representación del 80% de los centros hospitalarios privados del país, apunta a diversos estudios que en los últimos años han coqueteado con esa posibilidad del fin de Muface y el agujero económico que se generaría.

Bajo el sistema actual, calculan que el Estado se ahorra unos 890 millones de euros al año con Muface. Y su desaparición implicaría un gasto público extra de 1.000 millones de euros «al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica».

La preocupación no es solo para aseguradoras y los propios funcionarios. Las comunidades autónomas también deberían hacer frente a las necesidades de cobertura de este aluvión de empleados públicos. Y, para ello, tendrían que entrar a negociar la financiación con el Gobierno, en un momento en el que la falta de Presupuestos implica mayor complejidad en el asunto.

Con ese telón de fondo, las aseguradoras acaban de recibir los pliegos del concurso y ahora tienen un mes para valorar las condiciones. El objetivo será comprobar si la mejora -que implica que la prima media por mutualista pase de 1.032 euros a 1.208 euros- será suficiente para soportar las pérdidas del servicio. Hasta hace unos años, ese 'roto' se compensaba con volúmen. Pero el reciente ciclo inflacionista -que comenzó justo después de la firma del anterior convenio- ha dado al traste con las previsiones, a lo que se suman otros factores como el envejecimiento del colectivo cubierto, que reclama mayores atenciones. Según indican desde los sindicatos, en 2022, la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años.

La primera reacción de las aseguradoras no se ha hecho esperar. Aunque es difícil que ninguna se presente al concurso, no cierran la puerta a esa posibilidad. «Las nuevas condiciones son insuficientes» advierten desde una de las entidades implicadas, que recuerda que la prima ofrecida compara con los 1.608 euros del coste medio por ciudadano en el sistema público, según cálculos de la Fundación IDIS, vinculada al sector. Es decir, la suya es un 33% inferior.

Bajo el sistema de Muface, los funcionarios pueden elegir si son atendidos en la pública o en la privada. Actualmente, y según la última memoria anual de la sociedad (2022) todavía son mayoría (un 73,21%) los que optan por un seguro privado a través de esta sociedad. Pero el número que prefiere la pública no ha dejado de crecer en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia. En 2019, antes de la crisis sanitaria, había 340.411 funcionarios que optaban por la Seguridad Social; y la cifra pasó a 351.251 en 2020 para volver a repuntar en 2021, hasta los 380.884. Ya en 2022 se superó la barrera de los 400.800, a los que habría que añadir otros 57.000 adscritos el pasado año, según fuentes sindicales. Es decir, en apenas cuatro años, el goteo de los que han optado por la pública ha sido de unos 116.600. «Nos cambiamos cuando tuvimos hijos; en Madrid solo había un centro para las vacunas y muchos médicos de la privada directamente no te atendían si llegabas de Muface», explica J. Flores, empleado público del Estado. «Cada vez hay menos médicos especialistas, les pagan tarde y mal», añade.

Una idea que comparten los sindicatos, que ven en este tira y afloja entre aseguradoras y Gobierno una amenaza para la calidad del servicio. «La red hospitalaria y los cuadros médicos son cada vez más limitados, como también ocurre con algunos tratamientos específicos o más complejos», explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif). «Los copagos en algunos servicios pueden ser más elevados que en la pública», añade el sector.

Entonces, ¿por qué la mayoría sigue apostando por el modelo? Porque las ventajas también son numerosas, empezando por la libertad de elección entre el Sistema Nacional de Salud y las privadas concertadas. Además, se reducen tiempos de espera, es más fácil la elección de especialistas y existe una amplia cobertura que se extiende a familiares dependientes.