Las cotizaciones suben este año para compensar la ralentización del empleo

Pero, ¿de dónde sale entonces esta inyección de dinero? En su mayor parte procederá de una subida de las cuotas que se pagan y, más concretamente, de las aportaciones de los trabajos atípicos, puesto que el mercado laboral convencional va a evolucionar con menor intensidad.

Así lo reconoció esta semana el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, el mismo que unos días atrás admitió que el Gobierno quiere que los empresarios españoles paguen cuotas mayores. «Habíamos calculado que la creación de empleo iba a ralentizarse, por eso más del 45% de los nuevos ingresos por cotizaciones sociales provendrán de personas que cotizaban desde posiciones atípicas», admitió Granado, puntualizando que hablaba de los desempleados mayores de 52 años, de las cuidadoras familiares, de las personas que tenían que cotizar más porque iban a jubilarse anticipadamente, etcétera.

Esta mayor recaudación también procede la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que eleva a su vez la base mínima de cotización. Y no hay que olvidar el incremento de las bases máximas, el nuevo sistema de los autónomos... entre otras medidas que a continuación se analizan, algunas ya en vigor y otras pendientes de los Presupuestos, si finalmente salen adelante.

La base mínima de cotización a la Seguridad Social se ha elevado un 22,3% en enero, el mayor alza de las últimas cuatro décadas, con lo que asciende a 1.050 euros al mes frente a los 858 euros de 2018. Afectará a cerca de 1,5 millones de trabajadores, no a los autónomos, y se prevé recaudar unos 1.300 millones de euros. Por su parte, la base máxima de cotización se incrementa un 7% hasta los 4.070 euros al mes, lo que repercutirá en otro millón y medio de afiliados, que pagarán 266 euros más y supondrán unos 850 millones extra, según contemplan los PGE.

La base mínima de cotización para los autónomos sube un 1,25%, pero a su vez los tipos se incrementan hasta un 30%, al establecerse la obligatoriedad de las cotizaciones por cese de actividad y formación. De esta forma, tendrán que pagar al menos unos 5,3 euros más al mes, 64 euros anuales. También se encarece la tarifa plana, que pasa de 50 euros a 60 euros. Esto será así hasta que entre en vigor el nuevo sistema por ingresos reales. El RETA este año prevé ingresar 66 millones más que en 2018.

Se amplía el subsidio por desempleo para los trabajadores comprendidos entre 52 y 55 años, y asimismo se incrementa la base de cotización del 100% al 125% de la base mínima. En la actualidad, casi 270.000 desempleados mayores de 55 años cobran esta ayuda y se estima que, con las nuevas condiciones, se podría extender a unas 114.000 parados más. Esto supondrá un desembolso de 330 millones este año, que irán a parar a las arcas de la Seguridad Social.

Se recupera la financiación por el Estado de la cotización de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, una medida que beneficiará a unas 180.000 personas, sobre todo mujeres, y que tendrá un impacto económico de 315 millones de euros. A su vez, se recupera la prestación por desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación, incluyendo los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

Todos los becarios tendrán que cotizar a la Seguridad Social, incluso aquellos estudiantes que estén realizando prácticas laborales no remuneradas -hasta ahora solo afectaba a los que cobraban por ello-. Así lo aprobó el Gobierno en el Real Decreto del 28 de diciembre, aunque no está claro si son las empresas o instituciones educativas las que tendrán que abonar una cuota mensual de unos 50 euros, algo que ha levantado una polvareda de críticas porque supondrá una disminución del número de prácticas ofertadas. El Ejecutivo confía en recaudar unos 50 o 70 millones por esta medida, que afecta a medio millón de estudiantes.

Las bases de cotización de las empleadas del hogar se establecen en función de diez tramos de retribuciones, partiendo de 240 euros al mes frente a los 196 euros de 2018, y dejando el último tramo para el salario real percibido. A su vez se reduce el periodo transitorio para la equiparación con el Régimen General.

El recargo de la cotización empresarial de los contratos de corta duración, aquellos que sean de cinco días o menos, pasará del 36% al 40%. Y es que los empleos de menos de una semana se han disparado con la crisis y en la actualidad suponen uno de cada cuatro nuevos contratos (un 26%), mientras que hace diez años representaban el 15%.

Los policías locales ya pueden jubilarse a los 59 años, pero para ello tendrán que abonar una cotización adicional del 10,6%, algo por lo que el Gobierno confía en ingresar 254 millones. Por su parte, a los ertzainas, que ya tenían reconocido este derecho, les obligan a abonar un 9,9% más.