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Seopan, la patronal de la construcción, ha extraído, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, aquéllos que tienen que ver con las infraestructuras y ha calculado que, para que España pueda cumplirlos, se necesitarán inversiones de 103.000 millones de ... euros en la próxima década, esfuerzo equivalente a un 8,3% del PIB. Pero, de acuerdo con Julián Núñez, el presidente de la organización, llegar a ese volumen de dinero destinado a infraestructuras implicaría un incremento del 40% de la inversión pública anual sobre el PIB, cifra que, a su juicio, es imposible de alcanzar, dada la «coyuntura de gasto y previsiones de nuestra agenda social (pensiones, salud y educación)», así como la senda de consolidación fiscal en que se encuentra inmerso el Estado.
Por ello, para contribuir a frente a estas inversiones, la patronal de la construcción propone la tarificación de las redes de alta capacidad o la «participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica».
Julián Núñez ha propuesto establecer peajes no sólo en las autopistas, sino también en todas las autovías de España, equivalentes a la media europea y que ha estimado en hasta los 9 y 19 céntimos por kilómetro, según se trate de vehículos ligeros o pesados, desde su anterior propuesta realizada en el otoño de 2018, que los colocaba entre los 3 céntimos para los turismos y los 14 céntimos para los vehículos pesados.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, explicó esta sustancial diferencia aludiendo a su intención de plantear un «debate de máximos». Porque, afirmó, esta discusión «seguramente» formará parte de la más amplia que el Ministerio de Transportes pretende abrir para redactar la Ley de Movilidad que anunció su titular, José Luis Ábalos, en su primera comparecencia ante la comisión parlamentaria del ramo la semana pasada.
La extensión de las carreteras sujetas a esta nueva tarificación propuesta por Seopan alcanzaría los 14.130 kilómetros. Según ha expuesto Núñez, España concentra el 73,5% de las vías libres de peaje que se encuentran en Europa. «Hay países, 23 en Europa, con un 100% de su red tarificada, mientras que en España sólo representa el 17% de la red de autovías, el menor porcentaje de vías tarificadas del continente», ha argumentado Núñez, que ha añadido: «En 2018, Alemania aumentó su red de peaje, y eso que tuvo un superávit presupuestario récord».
Si se implantaran las tarifas medias de peaje europeas en la red española de autovías libres, excluyendo las de accesibilidad urbana, ello supondría ingresos públicos por recaudación de 4.698 millones de euros al año en concepto de IVA, IBI y Sociedades, según cálculos de Seopan. Y, al tiempo, la Administración dejaría de gastar 850 millones de euros públicos cada ejercicio en conservación de carreteras.
Seopan también propone la recuperación del modelo concesional, una opción en desuso desde 2012, debido al historial y a antecedentes como el fracaso de las autopistas radiales. De acuerdo con la patronal de la construcción, la negativa de las Administraciones Públicas a la utilización y recurso del modelo concesional se fundamenta en «la idea equivocada» de que es más caro que la financiación convencional de las infraestructuras con cargo al presupuesto público. Y, también, a los «antecedentes negativos» como la liquidación de las autopistas radiales, cuyo fracaso Seopan atribuye al incremento en 2.000 millones de euros del coste de expropiaciones e inaplicación de medidas de reequilibrio, «no a un fallo del modelo o de gestión de las sociedades concesionarias».
El programa de inversiones para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible incluye varias partidas detalladas por Seopan. La más relevante, por valor de casi 75.000 millones de euros, estaría destinada a la creación de ciudades y comunidades sostenibles, con inversiones en transporte público, la mejora de la movilidad en vías urbanas e interurbanas, infraestructuras verdes, la reducción del impacto de los residuos municipales o servicios de alcantarillado y depuración.
Otros 17.500 millones de euros se destinarían a incrementar la «resiliencia» y la calidad de las infraestructuras, en particular de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua o conservación de carreteras.
A estas cantidades se sumarían otros 5.250 millones de euros para garantizar la disponibilidad y gestión del agua y saneamiento, por ejemplo, con la inversión en infraestructuras de depuración, ya que sólo el 32% de los municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios.
Otros 3.848 millones de euros se destinarían a combatir la sequía y las inundaciones y 2.200 millones, a reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico.
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