Las concesionarias apuntan que los contribuyentes pagarán «la fiesta» del fin de los peajes

Núñez se ha preguntado si «es justo» este sistema gratuito que se quiere generalizar porque «nada es gratis» y porque «solo se trata de decidir quién paga la factura». Se trata de los 450 millones de euros que costaría asumir esas vías públicas, tal y como apunta un informe de esta organización. El presidente de SEOPAN ha apuntado que el fin de los peajes provocará que se destine menos dinero a sanidad, educación i+D o políticas sociales. «Vamos por el camino contrario que el resto de Europa», ha indicado. Además, ha revelado que el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no le había informado de su intención de quitar los peajes en las autopistas cuando vayan venciendo las concesiones en vigor.

En el caso concreto de la AP-1 (Burgos-Armiñón), una vía de 84 kilómetros cuya concesión es la primera que termina a final de año, el presidente de SEOPAN ha afirmado que esa decisión tendría un primer coste de 30 millones de euros -lo que paga en impuestos y el gasto en mantenimiento actual-. Pero, además, ha anticipado que con la apertura de los peajes el tráfico se incrementaría un 36%, hasta los 27.100 vehículos al día, y que precisaría una inversión de 320 millones de euros en los próximos años por las características de la autopista. Un dinero que tendría que salir del Presupuesto público.

Por otra parte, Julián Núñez ha reconocido que «algunas cosas se han hecho mal» en referencia a infraestructuras «ineficientes». Pero al mismo tiempo ha señalado que ese tipo de obras apenas representan un dos por mil de todas las construidas en los 30 últimos años. «Otra cosa son las ineficiencias en la contratación pública», ha iundicado. «Se han planificado algunas cosas mal, no lo voy a negar, pero habrá que preguntar por los errores al que las ha planificado y no al que las ha construido», ha apostillado el presidente de la patronal.

Preguntado por la publicación del boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles que apunta que en las dos últimas décadas las administraciones públicas han utilizado más de 81.000 millones de euros en infraestructuras «innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas», Núñez ha afirmado que cree que la información es «absolutamente imposible e incorrecta» y que daña a su sector.