Comunidades eléctricas para abaratar la luz

«Hay muchas formas de desarrollar la energía comunitaria, desde cooperativas informales hasta asociaciones propietarias del sistema eléctrico», explica Vanesa Castán, investigadora de la Universidad de Sheffield y miembro del IPCC. «Usan tecnologías renovables, como paneles solares, turbinas o generadores eólicos, y los beneficiarios tienen un alto grado de control sobre la gestión del servicio que les permite ahorrar, porque proporciona toda la energía de sus casas. También pueden crear una pequeña empresa que vende a la red nacional lo que les sobra».

Con experiencia en Reino Unido y Mozambique, Castán ha intentado encontrar colaboradores en España. «Ha sido muy difícil», asegura. «Me imagino un sistema descentralizado, en el que cada uno genera su propia energía. Aunque va a costar desplazar el modelo español, las cosas cambian rápido. La electricidad se descubrió hace poco más de un siglo y las redes eléctricas se consolidaron después de la II Guerra Mundial, con una liberalización del servicio a partir de los años ochenta. Estos procesos son más rápidos de lo que parecen».

Dentro de menos de una década, España podría llegar a producir 148.000 Gwh (gigavatios por hora) de este tipo de energía, si en cada municipio se instalara al menos una comunidad eléctrica (unas 8.200), asegura Amigos de la Tierra en su informe 'Energía comunitaria', «lo que equivale a casi el 100% de la demanda eléctrica de los sectores domésticos y terciario».

En efecto, «con la superficie que existe para instalar sistemas renovables se podría cubrir toda la demanda residencial, que es el 30% de la totalidad», sostiene Tomás Gómez, director del Instituto de Investigación en Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia. De hecho, «hay tres veces más generación de energía renovable que demanda. Tenemos más de 100 Mwh (megavatios por hora) instalados y consumimos unos 40. La reducción de emisiones equivaldría a 17 millones de toneladas de CO2, calcula Amigos de la Tierra, como si más de siete millones de coches dieran la vuelta al planeta.

Donde las comunidades de energía eléctrica funcionan cumplen con un doble papel: ahorrar dinero a los consumidores y disminuir las emisiones de CO2. Por ejemplo, en Gran Bretaña existen 424 comunidades energéticas con una potencia instalada de 319 Mwh de electricidad renovable, y se calcula que sus 358.000 beneficiarios ahorraron 3,4 millones de euros en sus facturas en el año 2020. Unos diez euros menos en la factura de la luz al año por familia, similar al incremento que se vive en España en los últimos dos meses.

Aunque en España la creación de comunidades eléctricas está en mínimos, con unas pocas instalaciones de autoconsumo puntual en zonas rurales -calefacción en bodegas o riego agrícola-, se espera que exista un impulso con dinero del 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia' «para las comunidades energéticas locales, con el objetivo de democratizar el sistema energético», responden desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. Las «nuevas líneas de ayuda» de 100 millones de euros, aseguran, saldrán «próximamente».

La vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera refrendó este pasado jueves su apoyo a las comunidades energéticas. Esta «aventura colectiva» tiene las ventajas «de producir energía de proximidad, gestionadas por personas que conocen su territorio y pueden hallar el equilibrio entre el entorno y la economía», dijo Ribera, que imagina en el corto plazo una red de 500.000 tejados, en «cada uno de los pueblos, comunidades y polígonos», que «reducen el consumo y aumentan el confort de los usuarios». La ministra anunció que reservará en las subastas de energía casi un 10% para estas asociaciones.

Sin embargo, «para la mayoría de la gente, acceder a las subvenciones es súper difícil», advierte Castán. «La manera en que se está desarrollando el sistema energético es muy opaco. Las compañías gigantes han creado un mapa legal imposible de navegar, lo que se une a una falta de habilidades de los usuarios, cuya relación con la energía consiste apenas en encender un interruptor».

La posible inversión en los próximos cinco años es inmensa. Para la «transición energética justa e inclusiva» se destinará el 9,2% de los 69.500 millones de euros de los fondos europeos, indica el 'Plan de recuperación'. «Ya veremos qué empresas se llevan los fondos 'next generation'», dice escéptico Eugenio García-Calderón, fundador Light Humanity, una iniciativa privada para el autoconsumo.

La creación de comunidades energéticas españolas enfrenta «dos grandes problemas: los costes y la gestión administrativa», analiza Gómez. El primero se empieza a resolver porque, por una parte, bajan los precios de los componentes. «La inversión es variable. De media, por familia de cuatro miembros con una vida normal sería de unos 1.500 euros, aunque depende de la potencia de la planta», calcula Gómez. «Si se busca no depender de la red eléctrica, se deben comprar baterías para almacenar la energía, lo que representa otros 3.000 euros. Ahora bien, con unos precios de electricidad en torno a los 70 euros por Mwh se recupera la inversión en unos siete años. Con los precios actuales, se tardaría la mitad».

La gestión de las comunidades energéticas constituye el segundo obstáculo para su desarrollo en España. El gran muro llega cuando se pretende vender electricidad a la red. «La normativa en España existe desde hace poco tiempo, pero es confusa y no están atados los pequeños detalles», afirma Alejandro Díaz, director general del grupo Vagalume, responsable de una comunidad energética de 700 kwh en el polígono de Novo Milladoiro (Galicia).

En estas once naves industriales, Vagalume comenzó la instalación fotovoltaica a finales de 2020. «¿Pero qué hacemos con el excedente?», se pregunta Díaz. «Para venderlo dependemos de una comercializadora y una distribuidora. Como hay un oligopolio tremendo, ponen muchos problemas. Nosotros llevamos doce meses intentando legalizar las instalaciones como autoconsumo colectivo para mover los excedentes entre un usuario y otro. En teoría, se puede hacer legalmente. Pero es una fantasía. No les interesa que la gente se una para pagar menos».

En la actualidad «el apoyo de las instituciones públicas es descoordinado y escaso», asegura García-Calderón. «La historia del autoconsumo español es un delirio. Primero se subió a caballo ganador a nivel mundial en la instalación fotovoltaica y el desarrollo de tecnología, pero luego el Gobierno quitó su apoyo con carácter retroactivo y, para rematar, en 2015 sacó el 'impuesto al sol', un peaje a las placas fotovoltaicas. Ha sido un parón de diez años. Todavía hay gente que piensa que es ilegal».

«En España, las comunidades energéticas van despacio, pero van a saltar y a ir muy deprisa, debido a tres factores: los precios altos de la energía, la generación renovable barata y la concienciación del público», prosigue Gómez. «Ya ha pasado en Alemania y Dinamarca. También podría suceder que haya una reacción del mercado, que baje los precios para detener su expansión y mantener el dominio».

La independencia de la gente frente al poder de las eléctricas es una de las cualidades que defienden los científicos para lograr los objetivos ecológicos y de justicia social que se logra con este tipo de comunidades. «La soberanía energética es similar a la alimentaria», concluye Castán.