Los afectados por el 'dieselgate' tienen derecho a una indemnización

En 2020, el TJUE ya aseguró que este tipo de dispositivos que falsean las emisiones son ilegales, después de que se conociera que la marca Volkswagen había instalado un software que alteraba las emisiones de algunos coches diésel en las pruebas de laboratorio. En este caso, la sentencia concluye que, además de los intereses generales, el Derecho comunitario también protege los intereses particulares de los compradores. Asegura que la directiva marco «establece un vínculo directo entre el fabricante y el comprador individual de un vehículo de motor, que tiene por objeto garantizar a este último que dicho vehículo cumple la legislación pertinente de la Unión».

Determina por tanto que los Estados miembros «están obligados a prever que el comprador del vehículo goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante» y deja en sus manos determinar los criterios para la obtención de dicha compensación. No obstante, el tribunal apunta que la normativa nacional «no puede imposibilitar o dificultar excesivamente» la obtención de una indemnización adecuada de los daños causados al comprador. Indica, del mismo modo, que los órganos nacionales deben velar por que la protección de los derechos no produzca «un enriquecimiento injusto de los beneficiarios».

El origen, EE UU

Todo comenzó el 18 de septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de EE UU y la Junta de Recursos del Aire de California acusaron a Volkswagen (VW) de usar en sus coches diésel un '«software' para emitir menos gases nocivos en las pruebas de homologación.

Tras el escándalo, el 7 de septiembre de 2017 las autoridades de la Comisión Europea enviaron una carta al Grupo Volkswagen en la que le instaban a reparar rápidamente todos los vehículos afectados. En diciembre de 2017, Volkswagen se comprometió a seguir ofreciendo reparaciones gratuitas en 2018. En julio de ese año, la Comisión y las autoridades nacionales de protección de los consumidores publicaron sus conclusiones sobre los 8,5 millones de vehículos llamados a revisión en la Unión por el Grupo Volkswagen.

Las autoridades acogieron favorablemente los esfuerzos de Volkswagen para generar confianza en las llamadas a revisión, y la mejora significativa de la información facilitada a los consumidores. La tasa de reparación superó en 2020 el 80 % y el Grupo se comprometió a continuar la actualización gratuita hasta finales de ese mismo año. La Comisión y las autoridades de consumo lamentaron, sin embargo, que la empresa no haya podido ofrecer una garantía completa y clara en caso de problemas después de la reparación.

El 11 de agosto de 2020, el comisario de Justicia y Consumidores, Didier Reynders, escribió al Grupo Volkswagen para animarlo encarecidamente a ofrecer una compensación justa a todos los clientes de la UE afectados, haciendo hincapié en que los consumidores esperan recibir un trato justo por los daños que han sufrido de manera similar en toda la Unión.

A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las autoridades emitieron una declaración el 28 de septiembre de 2021 en la que concluían que las prácticas comerciales de Volkswagen infringían la legislación en materia de protección de los consumidores. Las autoridades pidieron a la empresa que buscara soluciones adecuadas, a fin de evitar años de litigios adicionales. Hasta ahora, VW solo ha aceptado compensar a los conductores que residían en Alemania en el momento de la compra del coche.

En respuesta, VW dijo que los pagos voluntarios a consumidores europeos residentes fuera de Alemania no estaban justificados, ya que los vehículos afectados ya se habían modificado para cumplir los requisitos legales.

Ya en 2021 y tras cinco años de lucha, la OCU ganaba la batalla que libraba en tribunales en defensa de los afectados por los motores trucados de Volkswagen. Esta organización de consumidores pedía que se reconociera el engaño del grupo Volkswagen al manipular sus motores diésel, falseando las emisiones y las verdaderas emisiones y solicitaba para los afectados indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, por un importe de 3.000 euros cada uno. Esta sentencia fue recurrida el 23 de febrero de 2021 por el grupo Volkswagen.