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Las medidas que este lunes apruebe el Consejo de Ministros dentro del plan para la eficiencia y el ahorro energético serán de aplicación también para la Administración Pública. Así lo avanzó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien especificó que serán ... también de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas y ayuntamientos, no solo para la Administración General del Estado. Más concretamente, Montero se refirió a la necesidad de ser más eficiente en los edificios públicos como los hospitales y los centros de salud o los colegios. Significa esto que, en el momento en que entre en vigor la nueva norma, además de comercios, transportes, hoteles, bancos u oficinas de empresas privadas, cualquier edificio público tendrá limitada la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y a 19 grados si se trata de la calefacción.
En el caso de los hogares, todas las medidas se convertirán en recomendaciones. Pero el plan sí que incluirá la obligación de revisar las calderas de calefacción y que se instale cartelería con consejos para ahorrar energía. Incluso se pondrá en marcha una campaña de sensibilización ciudadana para ahorrar electricidad, con medidas concretas en el uso de electrodomésticos o aislamiento de las viviendas, por ejemplo.
«Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario», explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando adelantó el pasado viernes este paquete de medidas que pretenden reducir la factura energética para, así, «reducir la dependencia del agresor, Putin, y doblegar la curva de la inflación».
En este sentido, Montero prometió que «no habrá cortes de suministro o recortes este otoño», pero sí defendió que promoverán «un uso racional» de la energía o «ser capaces de ser más austeros para que no haya un uso excesivo de energía». Además, señaló la importancia de ser «autónomos estratégicamente» frente a los posibles chantajes de «aquellos que quieren jugar con los cortes de suministros», en referencia a Rusia.
Está previsto que las medidas entren en vigor de manera inmediata, pero tendrán que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días al tratarse de un decreto.
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