La caída del petróleo facilita al Gobierno recortar la ayuda al combustible en 2023

Ante esta coyuntura, y sin que por ahora haya previsiones de que el petróleo pueda escalar hasta los niveles en los que llegó a situarse en plenas vacaciones de verano, por encima de los 120 dólares, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad cada vez más certera de recortar la ayuda al combustible. De hecho, el precio del diésel se encuentra en estos momentos en los 1,66 euros por litro. Se trata del mismo coste que tenía el gasóleo de automoción a principios de marzo. Y se encuentra ya lejos de los 1,85 euros que tenía cuando comenzó a aplicarse la bonificación, así como de los 2,10 euros que llegó a costar en junio. Prácticamente lo mismo ocurre con la gasolina 95: su precio se encuentra ahora en los 1,59 euros por litro, frente a los más de 1,80 euros de abril o los más de dos euros del verano, según las últimas referencias del Boletín Petrolífero de la UE.

En esta tesitura, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deslizado por dónde irá la decisión final: «Faltan muy poquitos días para conocer en qué va a consistir el nuevo decreto ley» que recogerá las medidas, ha detallado Montero en Cáceres. «Mientras la situación de alza de precios persistiera, el Gobierno iba a tomar medidas para aliviar a las economías domésticas y a las empresas». Ahora «estamos ultimando» el nuevo paquete, en función de cómo se comporte el precio de la energía y el precio del barril del petróleo. «Todo para ver si prorrogamos las medidas o la sustituimos por otras», ha añadido.

También la vicepresdienta económica, Nadia Calviño, ha vinculado la prórroga a la evolución de los precios y ha abierto la puerta a «centrarlo en los sectores que se pueden ver más afectados», entre los que ha mencionado el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. «Lo que estamos viendo es si se puede eliminar para todos y mantenerla solo en aquellos sectores para los que sea necesaria», ha explicado Calviño, quien este viernes acudió a la entrega de Premios ATA 2022.

Ha considerado que es una medida controvertida por su impacto fiscal y por beneficiar a quien tiene coche y no a las clases más vulnerables, y ha aludido a la «dificultad» de adecuarla a los niveles de renta. Además, ha señalado que este descuento ha sido una medida «muy cuestionada» porque no incentiva el ahorro en el consumo de los carburantes, y la ha contrapuesto a la bonificación del transporte público --trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes--, que ha calificado de herramienta «estrella» y que por ello se extenderá durante todo el año 2023.

En definitiva, el Gobierno está trabajando en la prórroga del real decreto ley para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania y el alza de precios, que incluirá medidas que vayan dirigidas, sobre todo, a los colectivos más vulnerables. Sobre el nuevo paquete que se aprobará antes de que finalice el año, la responsable económica del Gobierno ha confirmado que se van a incluir algunas medidas destinadas a aliviar el alza de los alimentos.

Coste desorbitado

Con los surtidores más relajados que durante buena parte del año, la eficiencia de la ayuda estatal va perdiendo efecto entre los consumidores, pero sigue lastrando las arcas públicas. Esa es la idea con la que se están moviendo estos días varios ministerios implicados en el que será el nuevo plan de ayudas para combatir la inflación, con el Ministerio de Hacienda al frente. El coste acumulado de esta bonificación puede superar los 6.000 millones de euros este año para el Presupuesto , frente a los 4.000 previstos. El consumo de combustible no se ha visto resentido y esa es una de las claves para ajustar la ayuda.

La otra tiene que ver con las recomendaciones de todos los organismos nacionales e internacionales ante la persistencia de la crisis: el Eurogrupo (consejo de ministros económicos de la zona euro) se ha comprometido a principios de mes a acotar las ayudas durante 2023 a los hogares más vulnerables y empresas temporalmente expuestas a la crisis energética.