Luz verde a la reforma de la cadena alimentaria para conseguir precios más justos

Estas protestas condujeron a que el Gobierno aprobara el pasado 25 de febrero un decreto ley para la modificación de la ley 12/2013 de la cadena alimentaria introduciendo la obligatoriedad del contrato escrito con referencia a los costes de producción tuvieran que ser inferiores a los precios de venta. «De esta forma se dejaba fuera de la ley a las prácticas que desacreditaban el trabajo de agricultores y ganaderos», explicó el ministro.

La reforma del Gobierno amplía la lista de productos incluidos en la cobertura comunitaria para todas las operaciones que se realicen en España. «La cadena alimentaria ha tenido un comportamiento excelente durante toda esta crisis», reconoció el ministro, que explicó que el mejor reconocimiento que puede hacer el Gobierno a este sector es abordar los principales problemas como el desequilibrio en la cadena, la falta de transparencia en los precios y la debilidad de trabajadores en la negociación.

Asimismo, la nueva modificación de esta ley amplía la lista negra de prácticas desleales, el alcance de las sanciones por ello y otras medidas para corregir desequilibrios de precios, que perjudican al agricultor y al ganadero, constató el ministro. Un ejemplo es el veto a cancelar a partir de ahora las ventas de productos perecederos en menos de 30 días «porque sería imposible que el productor encontrara un nuevo comprador en el mercado», explicó Planas.

Además, el Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero y elevar el nivel de protección de los pescadores en los buques españoles, con medidas como la formalización del contrato de trabajo por escrito y deber de ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos esenciales del contrato.

De esta forma, el Ejecutivo culmina la transposición de la directiva comunitaria adoptada a finales de 2016, tras el acuerdo de los interlocutores sociales europeos del sector. La aprobación es un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre en trabajo en la pesca.

Se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación, se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente, se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero, y no se permite el trabajo nocturno a las personas menores de 18 años.