Bruselas pide ajustar déficit y deuda tras cuatro años de relajación fiscal

La advertencia va dirigida, entre otras economías de la Unión Europea, a España, que cerró 2022 con un déficit del 3,4% y con la deuda pública escalando hasta el 115,6% del PIB. Así las cosas, el Ejecutivo español deberá presentar unos presupuestos más ajustados de cara a 2024 y un programa de reducción de déficit acorde a su situación económica, que después evaluará la Comisión Europea.

Habrá que ajustarse el cinturón de las cuentas públicas. La Autoridad Fiscal (Airef) ve «difícil» reducir el déficit público por debajo del 3% en España en 2026 -como pide Bruselas- si no se aplican nuevas medidas de contención del gasto. La presidenta Cristina Herrero recordó que las previsiones de la Airef apuntan a un déficit del 3,2% para 2026 que se podría enquistar si el Gobierno no adopta medidas adicionales.

Además, la deuda podría mantenerse en el 100% del PIB para entonces porque habrá «tensiones» en materia de gasto. «Llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro», lamentó Herrero, que reclamó una planificación fiscal más a largo plazo para «hacernos una idea de la magnitud de las medidas que tendremos que llevar a cabo para hacer frente a las exigencias europeas». En el plan presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas fue más optimista, su previsión apunta a que el déficit sea inferior al 3% (2,9%) ya en 2025.

Bruselas quiere preparar el terreno de cara a la reactivación del Pacto de Estabilidad el año que viene. Será el último ejercicio en el que estará vigente, ya que después se revisarán las normas fiscales con la intención de adaptarlas a la situación específica de cada país. La idea es elaborar un programa de ajuste para cada Estado, de modo que el ratio de deuda entre en una senda de reducción y el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB a medio plazo. Todo ello manteniendo un crecimiento económico sostenible.

Para lograrlo, «es necesario proteger las inversiones públicas, que son claves para las transiciones verde y digital», ha destacado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Los países europeos deben transitar hacia una política fiscal «más prudente», reduciendo, entre otros, los gastos destinados a las medidas para apoyar a empresas y hogares frente a la crisis energética. «Estas políticas tuvieron un coste del 1,2% del PIB en 2022 en la UE. Ahora los precios de la energía se han contenido y ese apoyo debe reducirse progresivamente, eliminando primero las medidas más generales y después las específicas», ha detallado Gentiloni.

Tras enfrentarse a los 'shocks' provocados por la pandemia y la guerra en Ucrania, la UE ha conseguido evitar la recesión y alcanzar los niveles económicos previos. Por ellos, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, considera que «la etapa de los estímulos generales se ha acabado». Así, encomienda a los Estados miembros que presenten sus programas de ajuste del déficit y la deuda para lograr los «ambiciosos» objetivos marcados por Bruselas. Esta propuesta aún necesita el visto bueno de los ministros europeos de Finanzas para seguir adelante con sus planes y Dombrovskis espera lograrlo la próxima semana.