Bruselas urge a España a retirar condiciones laborales discriminatorias en el sector público

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha enviado una segunda carta de emplazamiento a España para que modifique su normativa y abordar así las «diferencias de trato en relación con el cálculo de antigüedad, el derecho de algunos permisos o el acceso a carreras profesionales». El país tiene ahora dos meses para abordar las deficiencias identificadas por la Comisión. En caso contrario, Bruselas podrá enviar a España un dictamen motivado.

En sus infracciones del mes de julio, Bruselas ha abierto otro expediente a España en relación a determinadas restricciones que introducen las normas nacionales en relación a los planes de pensiones personales y profesionales. La Comisión Europea cree que la prohibición impuesta por España de contribuir a planes de pensiones más allá de los importes máximos deducibles a efectos fiscales «puede entrar en conflicto con la libre circulación de trabajadores, servicios , capitales y el derecho de establecimiento» garantizados por los tratados de la UE.

El procedimiento abierto por Bruselas no cuestiona los importes deducibles de impuestos, pero considera que el hecho de que España permita transferencias individuales nacionales, pero no transfronterizas de derechos de pensión en sistemas de pensiones complementarios «también puede ser contrario a las libertades del mercado interior».

En materia de pensiones, la Comisión también ha llamado a que España y Portugal completen la aplicación sobre el producto paneuropeo de pensiones personales. En ese sentido, ha abierto otro procedimiento de infracción a los dos países por no notificar a Bruselas las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones sobre el Reglamento sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Personales. Este producto es un plan de pensiones personal voluntario que ofrece a los ciudadanos una opción paneuropea de ahorrar para la jubilación y ofrece productos más competitivos. Tanto Portugal como España tienen ahora dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por el Ejecutivo comunitario.