Bruselas reprende a España por su mercado «fragmentado» que «obstaculiza» la economía

La Comisión (CE) centra sus críticas en la «fragmentación» normativa de las comunidades autónomas, que a su juicio «obstaculiza la actividad económica». En su último informe semestral sobre «la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos» en España, las autoridades comunitarias reconocen que a nivel estatal se han estudiado medidas «destinadas a eliminar las regulaciones innecesarias en función del tamaño de las empresas», que a la vez impiden en última instancia su «crecimiento», pero lamenta que no se hayan realizado actuaciones «concretas».

Sí se aprobó hace cinco años la Ley de Garantías de Unidad de Mercado (LGUM), por cuyo cumplimiento vela la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según los datos ofrecidos este lunes por este organismo, en ese período ha llevado a cabo 381 actuaciones de control, de las que más de un tercio fueron para eliminar «obstáculos o barreras detectados por los operadores económicos, los consumidores o los usuarios». Además, en catorce casos terminó en los tribunales -como recurrente o recurrida por sus decisiones-, de los que ganó una decena, total o parcialmente.

Pero en Bruselas no lo ven suficiente y critican que dicha ley «apenas ha dado resultados perceptibles», pese a admitir que «sigue siendo» un instrumento «importante para garantizar» la libre circulación de bienes y de servicios, así como el establecimiento de operadores económicos por todo el país. «Es necesario -apostilla- realizar mayores esfuerzos para su aplicación». En este sentido reclaman una cooperación «más fuerte y sostenida» entre el Ejecutivo central y los autonómicos que, «de momento», ha arrojado unos frutos «tangibles escasos».

Por sectores, esa situación -denuncia la Comisión Europea- resulta «especialmente dramática» para los servicios minoristas, donde las restricciones continúan siendo «elevadas». España está entre los diez Estados de la UE con mayores obstáculos al establecimiento de locales comerciales -por ejemplo, la doble autorización administrativa aún en vigor-, y también sobresale de forma negativa en trabas operativas, como en horarios de apertura y períodos de rebajas. Además, el impuesto específico a ese sector -avisa- «afecta a su competitividad» frente al comercio electrónico, «que está ganando terreno en España».

Las «barreras innecesarias en la regulación», destaca la CE, no se limitan al comercio. También ven dificultades en la integración del país en el mercado de la energía de la Unión, que ven aún «limitada», así como en el acceso a los colegios profesionales, donde las restricciones superan la media europea en sectores como la arquitectura, la ingeniería, los servicios jurídicos y los informáticos. Todo ello, advierten los responsables europeos, «impide a las empresas aprovechar las economías de escala», además de que «reducen el dinamismo y limitan la competitividad».