Bruselas pide a España retirar las ayudas y destinar ese ahorro a reducir el déficit

Recientemente, en sus Previsiones Económicas de Primavera, el Ejecutivo europeo ha mostrado su confianza en el crecimiento económico de la UE, y en particular de España. Más concretamente, ha señalado que el PIB del país duplicará el avance de la UE, con un crecimiento del 1,9% este año. Sin embargo, la deuda pública se mantiene elevada y Bruselas espera que cierre 2023 en el 110,6% del PIB. La Comisión también apunta que España no cumplirá con su objetivo de reducir el déficit al 3% el año que viene, que rondará el 3,3%.

En ese sentido, recomienda retirar las medidas de apoyo por el elevado precio de la energía y dedicar ese dinero a «reducir el déficit público». En su documento, apunta que las cuentas públicas españolas se han visto afectadas por medidas de reducción de ingresos como la reducción del IVA sobre la electricidad y el gas, la disminución del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de electricidad.

También se produjo un aumento del gasto público con el descuento generalizado de combustible para vehículos de 20 céntimos por litro, el apoyo a los ingresos de los hogares y las industrias intensivas en energía, mayores beneficios a través del bono social de energía y descuentos en los precios por usar el transporte público. En total, Bruselas calcula que estas medidas tuvieron un coste presupuestario del 1,6% del PIB en 2022.

En materia fiscal, pide prudencia, en particular de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales de 2024, en los que especifica que el gasto neto «no debería superar el 2,6%» respecto a las cuentas públicas de este año. Con los datos que maneja actualmente, el Ejecutivo comunitario calcula que los presupuestos españoles crecerán un 1,4%, lo que aún deja margen hasta el techo marcado. Ve necesario, eso sí, un ajuste estructural del déficit de al menos el 0,7% del PIB, el equivalente a 9.300 millones de euros. También anima a continuar una estrategia fiscal a medio plazo, basada en la «consolidación gradual y sostenible». En ese camino será fundamental el despliegue de los fondos europeos de recuperación y las inversiones verdes, para acelerar la transición energética.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha valorado positivamente el informe de Bruselas, en el que «confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024». Ha destacado, del mismo modo, el «cambio estructural» que se está produciendo en la economía española a través de los fondos de recuperación y «la responsabilidad fiscal del Gobierno», que «garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años». España mantiene su previsiones de reducir el déficit público al 3% para el año que viene. Y, de lograrlo, sería la primera vez desde 2012 en el que el país no presenta desequilibrios macroeconómicos.

En líneas generales, el documento muestra su preocupación por el elevado nivel de deuda y déficit públicos tras la pandemia y a raíz de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. De hecho, más de la mitad de los Estados miembros -14 de los 27- no cumplen con los criterios de reducción de déficit público y otros tres no alcanzan los objetivos de rebaja de su deuda (Francia, Italia y Finlandia). Aunque este año no se abrirán procedimientos de infracción por exceso de deuda y déficit, la institución quiere preparar el terreno de cara a la próxima primavera, cuando volverá a aplicarse el Pacto de Estabilidad.

La institución ha destacado la resiliencia del bloque en un contexto global «desafiante». Señala que la caída de los precios de la energía y la fuerza del mercado laboral han impulsado un crecimiento «moderado» en el inicio de 2023, «disipando el miedo a una posible recesión». Así, Bruselas pide a los países europeos «prudencia fiscal» en sus Presupuestos Generales de 2024, para contener el gasto, a la vez que exige inversiones públicas para garantizar la eficacia de las ayudas puestas en marcha a través de los fondos de recuperación.