Bruselas recibe el plan de reformas e inversiones de España que le dará acceso a las ayudas europeas

La Comisión ha confirmado a través de un comunicado el paso dado por España, junto con Dinamarca, Letonia y Luxemburgo. «Estos planes establecen las reformas y los proyectos de inversión pública que cada Estado Miembro tiene previsto implementar con el apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», se plantea en la nota. La presidenta Ursula von der Leyen ha destacado vía twitter que el Next Generación EU «contribuirá a financiar la recuperación del país a través de proyectos vinculados a la transición ecológica y digital, la cohesión y la igualdad de género».

En el plan que ha presentado, España ha solicitado un total de 69.500 millones de euros en subvenciones en el marco del RRF. Se estructura en cuatro pilares: transformación verde; transformación digital; cohesión social y territorial; e igualdad de género. Incluye medidas en movilidad sostenible, eficiencia energética en edificios, energía limpia, competencias digitales, conectividad digital, apoyo al sector industrial y pymes, y vivienda social. Los proyectos del plan se centran principalmente en el período 2021-2023. El plan propone proyectos en las siete áreas emblemáticas europeas.

El procedimiento que arranca a partir de este momento da dos meses a la Comisión Europea para evaluar los diferentes planes nacionales que tiene encima de la mesa. Su 'ok' no será, en cualquier caso, definitivo. Los ministros de Asuntos Económicos de los Veintisiete en una reunión de Consejo de la UE (e este caso el Ecofín) tendrán que poner el sello final de validación. Si se cumple ese calendario, el primer pago sería factible en julio. Supone en torno a un 13% de cada una de las asignaciones, en forma de anticipo. En el caso de España más de 9.000 millones de euros.

Todos los planes, al margen de las reformas específicas que tendría que acometer cada país y que Bruselas viene planteando con escaso éxito durante años como 'recomendaciones', orientan sus inversiones a áreas muy concretas: transición verde, digitalización, mejora de la competitividad y productividad, cohesión social y territorial, etcétera. En el caso de España, los deberes singulares que se le exigen están vinculados a su mercado laboral (mayor estabilidad, menor temporalidad, simplificación de contratos, formación en el empleo); la sostenibilidad de su sistema de pensiones; y un régimen fiscal que achique el espacio entre sus ingresos y sus gastos. La reforma laboral tendría que quedar definida este año; las otras dos, el próximo.

Lógicamente para que el dinero comience a fluir, el Ejecutivo Comunitario primero ha tenido que conseguirlo. En junio debería haber realizado ya la primera emisión de bonos en los mercados de capitales; la fórmula que se utilizará para nutrir los 750.000 millones de euros del plan de recuperación (390.000 millones en transferencias y 360.000 en préstamos).

El ritmo de financiación planteado por Bruselas, entre 150.000 y 200.000 millones de euros anuales hasta 2027. Y la deuda debería dejarla saldada antes antes del 31 de diciembre de 2058. Para que eso sea posible es necesario que los Veintisiete parlamentos nacionales de la UE autoricen el endeudamiento de la Comisión. Superado para alivio de todos el escollo alemán, ese paso aún estaba pendiente está semana en Austria, Países Bajos, Polonia, Irlanda, Estonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria y Finlandia.

Tras el primer pago a los Estados miembro, los siguientes de calado se realizarán semestralmente en función del cumplimiento de hitos u objetivos que están recogidos en sus respectivos planes. Por ejemplo, que exista ya un proyecto sobre la reforma fiscal o la de las pensiones en el caso de España (bien aprobado, en tramitación formal, o incluso respaldado por un informe de expertos que le confiera total credibilidad).