Bruselas da dos meses a España para reducir la morosidad del sector público

La Comisión Europea ha reconocido en un comunicado «los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público», pero sigue «preocupada» por los retrasos «persistentes» de las autoridades regionales y locales porque «su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse» a las normas europeas. Mucho más en un momento de crisis como el actual en el qeu las empresas del sector privado (especialmente pymes) se juegan, y mucho, en sus ingresos para la recuperación.

En concreto, la directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de 30 días (o de 60 días en el caso de los hospitales públicos) y otorga al sector público una «obligación especial» de pagar a sus proveedores a tiempo y «servir de ejemplo» en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial.

Fuentes del Ministerio de Hacienda indican que el Gobierno está comprometido con el cumplimiento de los plazos establecidos en la directiva de morosidad. Pero aunque se ha hecho mucho en los últimos años, para Bruselas no es suficiente.

En concreto, desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el periodo medio de pago (PMP) de las comunidades se ha reducido un 19,4%, pasando de los 33,45 días en junio de 2018 a los 26,96 días de diciembre de 2020. El último dato de marzo se sitúa en 26,26 días.

Más problemas presentan las entidades locales, que de media aún tardan en pagar 47,9 días a sus proveedores, a pesar de que la cifra se ha visto notablemente reducida desde los 64,66 días que tardaban a mediados de 2018.

Por parte de la Administración Central, los plazos medios rondan ahora los 24,21 días, mientras que en la Seguridad Social el período es de 10,55 días.