salvador arroyo y Clara Alba
Corresponsal. Bruselas
Miércoles, 16 de junio 2021, 17:41
Incógnita despejada. El plan de reformas e inversiones de España obtiene la «valoración positiva» de la Comisión Europea. Supera así la primera barrera para acceder a los 69.500 millones de euros en subsidios directos (la parte de los créditos blandos hasta completar los ... 140.000 millones que le corresponden del fondo de recuperación, aún no se han requerido). El siguiente paso para que el dinero llegue tendrán que darlo los ministros de Finanzas de los Veintisiete en una reunión del Ecofin que se convocará para julio. Su luz verde (tienen de plazo hasta cuatro semanas) permitiría una primera entrega en forma de anticipo del 13% en las próximas semanas, en torno a 9.000 millones de euros.
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«El plan de España contribuirá a abordar eficazmente los retos identificados en el contexto del Semestre; contener medidas que apoyen eficazmente las transiciones verde y digital; y contribuir a fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social», se resalta en el anuncio que ha lanzado Bruselas, y que se ha simultaneado con la llegada de Ursula von der Leyen a Madrid antes de hacer parada en Lisboa por la mañana para confirmar al Gobierno luso también una evaluación positiva de su plan de recuperación.
En el informe elaborado por los técnicos del Ejecutivo comunitario desde que el proyecto español llegó a Bruselas, el pasado 30 de abril, se destaca que la dedicación del «40% de su asignación total a medidas que apoyan los objetivos climáticos», gracias a medidas para promover el desarrollo urbano, la movilidad sostenible, aumentar la eficiencia energética de los edificios, descarbonizar la industria y reducir dependencia energética, así como el despliegue de nuevas tecnologías para el hidrógeno verde y las energías renovables.
En este punto se hace hincapié que ese paquete de iniciativas y otras adicionales ayudarán a mitigar los efectos adversos del cambio climático «preservando los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad», además de «promover la economía circular mejorando el agua y gestión de residuos».
La transición digital, el otro gran objetivo al que tienen que supeditarse los planes europeos para poder acceder a las ayudas, conlleva una dedicación de fondos del 28%. E incluye la digitalización de la administración pública (4.600 millones). También incluye la misma inversión (4.600 millones) para promover la digitalización de la industria y las pymes, inversiones en inteligencia artificial, digitalización del turismo; 4.000 millones para respaldar la conectividad fija y 5G. Y se destacan los desembolsos para mejora del equipamiento educativo y para la formación en habilidades digitales (3.600 millones de euros).
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Una de las medidas clave a la que se apunta para reforzar la resiliencia de la economía española es la transformación de sus sector turístico incrementando su digitalización y sostenibilidad con un desembolso de de 3.400 millones. Lo que nos lleva a las otras grandes reformas que el país tendrá que acometer (en su mercado laboral, sistema de pensiones o fiscalidad) para seguir percibiendo la cobertura económica de la UE en los siguientes tramos hasta 2026. Se ajustarán, según el Ejecutivo comunitario, a las recomendaciones semestrales de Bruselas. «Incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que contribuirán a abordar eficazmente todos o una parte significativa de los desafíos económicos y sociales descritos en las recomendaciones específicas de cada país» específicamente las de 2019 y 2020.
Así se incide en las medidas en el ámbito del empleo «para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar la políticas del mercado laboral». La Comisión destaca que incluya un mecanismo de «estabilización y flexibilidad» que permitiría a las empresas «lidiar con ajustes en caso de perturbaciones económicas, basándose en el esquema de trabajo de jornada reducida existente». También acciones para reducir los contratos temporales en los sectores público y privado. El diseño final de varias reformas del mercado laboral, se precisa en este punto, «está sujeto al resultado del proceso de diálogo social».
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La Comisión resalta varias partidas que España se compromete a asignar. En este punto se refiere a los 2.400 millones de euros para abordar la segmentación del mercado laboral y la modernización de políticas activas (reducción del uso de contratos temporales y un mejor apoyo a los solicitantes de empleo mediante la digitalización de servicios públicos de empleo, formación e incentivos a la contratación). También destaca los 765 millones del plan de acción contra el desempleo juvenil o los 2.000 millones para formación profesional (reciclaje y perfeccionamiento de la población activa mediante la creación de 135.000 nuevas plazas).
En lo referente a las pensiones, se da por buena una reforma del sistema, aún sin pactar, «con el objetivo de preservar su adecuación y sostenibilidad a medio y largo plazo y apoyando vidas laborales más largas». Y en el plan también abordaría las recomendaciones del Semestre en el ámbito de las finanzas públicas «incluidas las reformas del sistema de revisión del gasto y el sistema tributario. Se incluyen también «medidas para mejorar el clima empresarial, con acciones importantes para mejorar la regulación, reducción de la morosidad y reforma del marco concursal».
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El equipo técnico de la Comisión considera en última instancia que el proyecto español también «contribuye a la cohesión social y territorial, con medidas en salud, educación, competencias profesionales y política social».
«Hemos respaldado este plan porque es ambicioso, con visión de futuro y ayudará a construir un futuro mejor para los españoles», ha destacado Ursula von der Leyen. Su vicepresidente Valdis Dombrovskis ha incidido en la ambición de la hoja de ruta española al tiempo que da la bienvenida al enfoque «en la creación de empleo y en la próxima generación, con medidas para abordar el desempleo juvenil, mejorar la provisión de habilidades relevantes para el trabajo, la mejora del entorno empresarial y de la administración pública».
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En el acto de entrega al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del visto bueno de Bruselas al plan español, Von der Leyen ha destacado en Madrid la «determinación, fortaleza y solidaridad» de los españoles durante la pandemia. «Esos son los valores que definen los fondos Next Generation», ha defendido.
La presidenta comunitaria también ha explicado ante los medios que el plan español se ha aprobado «tras una cooperación excelente, con un análisis muy pormenorizado y exigente por nuestra parte». En este sentido, considera que las reformas e inversiones incluidas en el proyecto «harán que España salga más fuerte de la crisis».
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Entre los objetivos más ambiciosos, la presidenta de la Comisión ha destacado la importancia de la reforma laboral. «Me ha complacido mucho ver que hay medidas muy sólidas para fomentar el empleo y que existe un enfoque muy inteligente sobre los puentes que se necesitan entre el sistema educativo y el sistema de un trabajo sostenible y bien remunerado».
Tras valorar positivamente medidas puestas en marcha por el Gobierno durante la pandemia como los ERTE, Von der Leyen también se ha pronunciado sobre la propuesta para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI), indicando que «la manera óptima de llegar a un salario bueno justo y efectiva es la negociación colectiva».
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De «hito importante para España» ha calificado el comisario de Economía Paolo Gentiloni, la evaluación positiva del plan español «después de un periodo tan duramente difícil». El italiano ha subrayado que «esta es una oportunidad única no solo para fortalecer la recuperación del país de la pandemia, sino para construir una economía que sea socialmente más justa, más sostenible y más dinámica».
Durante la rueda de prensa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en las próximas semanas, previsiblemente en el mes de julio, convocará a los presidentes autonómicos para desgranar los objetivos del Plan de Recuperación aprobado este miércoles por la Comisión Europea.
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Será entonces cuando, si todo va según lo previsto, lleguen los primeros fondos a España, que en todo el año recibirá 19.000 millones de euros frente a los 27.000 millones presupuestados. «Será un desafío y una oportunidad sin precedentes y las comunidades y ayuntamientos son protagonistas del proceso, igual que todos los alcaldes y alcaldesas de nuestro país», ha expresado Sánchez. «Este plan nos incumbe a todos, es una misión de país», insistió.
Su llamada a la unidad y al consenso llega tarde para muchos. Fuentes de la oposición consultadas expresan el malestar generalizado de las autonomías por la escasa transparencia con la que se ha redactado el plan que da acceso a los fondos. También con que el documento no haya pasado por el Congreso y, con todas las líneas maestras ya decididas, dudan de que el encuentro de julio sirva para compensar las incertidumbres que aún persisten sobre los mecanismos para repartir el dinero y también para su control.
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De hecho, el Gobierno ya había anunciado su intención de convocar a este órgano antes del verano, ya que la última reunión, a la que también asistió Von der Leyen, fue en octubre. Con todo, Sánchez se ha mostrado optimista y ha calificado el visto bueno de Bruselas como un «día histórico» para España y para Europa. «Vamos a dar el mayor impulso reformista de los últimos 40 años en nuestro país, y por eso convoco a todas las fuerzas políticas y sociales, más allá de la ideología y de lo que cada uno vote en las elecciones», ha indicado.
El presidente del Gobierno también ha aprovechado para recordar que España ha sido de los primeros países en presentar su Plan y en recibir la aprobación por parte de Bruselas. «Supone un reconocimiento al trabajo bien hecho», indicó, tras asegurar que la Comisión Europea ha confirmado que las reformas y las inversiones cumplen de «forma satisfactoria» con todos los objetivos.
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