Más de 215.000 hogares han accedido al bono social de la luz desde principios de año

Hasta el pasado día 7 -justo 12 meses después del decreto que aprobó el nuevo régimen del bono social- había 1.306.873 titulares de contratos beneficiarios de un descuento de la luz que se aplica sobre el consumo de la factura, sin contar la parte fija ni los impuestos. Hasta septiembre han sido 215.000 los hogares a los que se les ha concedido este beneficio, que se suman a los 1,1 millones de familias que lo tenían cuando finalizó 2018. Es decir, un incremento del 20% en lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Desde el sector eléctrico consideran que estas cifras, que siguen aumentando mes a mes, reflejan la «correcta clasificación» de perceptores del bono social en función de sus rentas, y no en base a otros criterios ajenos a la situación económica de los ciudadanos. Ese fue uno de los objetivos del Ejecutivo al proponer su reforma. Porque aunque hasta octubre del año pasado había 2,4 millones de hogares acogidos a esta medida, más de un millón y medio eran viviendas que, por el hecho de tener contratados menos de tres kilovatios de potencia, disponían del descuento. Y en muchos casos se trataba de segundas residencias (en playas o montañas) de propietarios que podían ser pobres o ricos, porque no se les distinguía.

Tras esa depuración, ahora hay 1,3 millones de familias reconocidas oficialmente como vulnerables, en función de diversos grados de ingresos. Pero ese colectivo aún no alcanza las cifras de pobreza energética que calculan varios organismos. El su último informe, Funcas estima que hay 2,6 millones de hogares en España que viven en «condiciones asociadas a la pobreza energética». Esa cifra revela que quedarían 1,6 millones de casas sin proteger porque tampoco tienen acceso al bono social; bien por desinformación, en algunos casos, o, en general, porque no cumplen los requisitos para solicitarlo.

Quienes ya disponían del descuento antes de su última reforma se les concedió un plazo de tres meses para acogerse al nuevo sistema. Y quienes atraviesen ahora por dificultades económicas, pueden solicitarlo en cualquier momento a través de su compañía eléctrica.

La cuestión de la pobreza eléctrica activó las alarmas tras la muerte de una anciana de Reus (Tarragona) en 2016 cuando se le incendió la casa por usar velas porque le habían cortado la luz por impago. Pero las estadísticas aún muestran una realidad complicada: un 7,5% de la población (3,5 millones de personas) tienen incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno; otro 7,5% no puede pagar los recibos a tiempo; un 15,2% (7 millones) hacen un gasto de energía «desproporcionado» (según el criterio de la UE); y otro 13% se encuentra en situación de «pobreza energética escondida», esto es, con un gasto en energía inferior a la mitad de la media nacional.

Con los últimos datos sobre la mesa, el número de usuarios del bono social que se encuadran en el colectivo de consumidores vulnerables severos (descuento del 40% en el recibo) casi son ya mayoría: aquellos con ingresos anuales de hasta 5.591 euros, 7.455 o 9.318, para ningún hijo, uno o dos, respectivamente. En el colectivo de familias vulnerables ordinarias (rebaja del 25% en la factura) los límites de renta son 11.182 euros al año -sin hijos-, 14.910 euros -con uno- o 18.637 euros -dos-, además de las familias numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas. Además, a todos ellos les corresponde el bono térmico, un cheque de entre 25 y 124 euros al año dependiendo de la zona que residan, por el hecho de ser titulares del bono social eléctrico.