Solo 700.000 hogares vulnerables han accedido al nuevo bono social de la luz

En los últimos seis meses han accedido al sistema del nuevo bono social unos 337.000 usuarios, prácticamente el doble de lo que lo habían hecho hasta el pasado mes de abril, cuando vencía el plazo inicialmente establecido para que los antiguos receptores pidieran su incorporación al nuevo sistema. El incremento de clientes beneficiarios ha sido notable en este medio año, debido principalmente a la estrategia de las compañías eléctricas para informar a los consumidores sobre esta posibilidad. Hasta abril, eran 343.000 los ciudadanos que ya tenían concedido este sistema de ayudas para sufragar el importe de su recibo.

Iberdrola ha recibido un total de 426.000 solicitudes, de las que un 70% tienen derecho al bono social, esto es, unas 298.000. Por su parte, Endesa ha tramitado más de medio millón de expedientes de los que se han resuelto positivamente unos 257.000. En Naturgy (Gas Natural) casi 96.500 clientes se encuentran acogidos al nuevo bono, de los que casi un 60% proceden del antiguo. Además, Viesgo ha tramitado 8.660 solicitudes aprobadas mientras que en EDP ascienden a 28.625 clientes en esta misma situación.

Todavía falta un mes para que esos usuarios que contaban con un descuento en sus facturas puedan tener el establecido a partir de ahora, si cumplen los nuevos requisitos ligados de forma estrecha a los niveles de ingresos de cada familia. En cualquier caso, la posibilidad de acogerse al bono social se mantiene abierta después del 8 de octubre. Si quienes ahora disfrutan de esos descuentos no lo hacen antes de un mes, perderán directamente ese derecho. Pero a partir de entonces, podrán solicitar su adhesión sin ningún impedimento, con la desventaja de que perderían las semanas durante los que se tramita esa petición hasta que les sea aprobada, si finalmente así les corresponde. Lo mismo ocurre con los consumidores que ahora no cumplen los requisitos económicos y sociales, pero cuya situación familiar pueda empeorar en el futuro, en cuyo caso sí podrían acceder al bono social en vigor.

El nuevo sistema establece un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura, para hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año -familias sin hijos-, de 14.910 euros -un hijo- o 18.637 euros -dos-, además de las numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas; o una rebaja del 40% para hogares en riesgo «severo», con ingresos de hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 euros, dependiendo del número de descendientes, así como para familias en riesgo de exclusión social atendidas por los servicios de la comunidad o el ayuntamiento.

Se trata de un bono muy ligado a los ingresos frente al actual, al que podían acceder los pensionistas y los desempleados, pero también los consumidores con potencias contratadas inferiores a tres kilovatios (independientemente del tipo de vivienda que se tratara, como las de la playa o montaña); y todo tipo de familias numerosas (sin fijarse límites de ingresos). Estos dos últimos colectivos eran los que más reticencias provocaban entre las eléctricas al no establecerse restricciones relacionadas con las rentas.

La vinculación del bono social a los colectivos más vulnerables fue uno de los objetivos de la modificación de la norma que establecía este sistema, cuando se negoció a finales del año pasado en el Congreso. La posibilidad de contar con la rebaja en la factura llega en plena escalada del precio de la luz, en máximos del año. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó la semana pasada que el Gobierno está trabajando para consolidar y fortalecer «el compromiso con los colectivos vulnerables», ya que cree que «el esquema actual se ha olvidado del peso social que tiene la energía y el impacto tan diferente que agrava las diferencias y desigualdades en la sociedad».