Casi 1,3 millones de hogares percibirán el último bono térmico antes de la reforma

Esos casi 1,3 millones de hogares es el número de contratos que tenían derecho a acogerse al bono social eléctrico -el descuento del 25% en la factura de la luz- y que, de forma directa, deben percibir el térmico. Se trata de un cheque de pago único cuya cuantía varía desde los 25 hasta los 124 euros por cada casa. Esa cuantía depende de las condiciones climáticas de cada localidad: si una familia reside en una zona de alta montaña le corresponderá un pago en el rango superior (con el máximo de 123,90 euros) frente a los hogares situados en la costa o archipiélagos, que perciben importes menores, aunque nunca por debajo de los 25 euros.

El problema es que los retrasos administrativos van acumulándose a medida que transcurren los meses, sin que muchas de esas familias lleguen a percibir ese dinero, ideado en 2018 para que pudieran hacer frente a gastos relativos al mantenimiento de sus casas en condiciones dignas de habitabilidad ante los rigores meteorológicos.

A finales de 2019 el número de contratos con derecho al bono térmico se encontraba en unos 1,23 millones, prácticamente el mismo número que un año después. Al final de cada ejercicio, las compañías eléctricas de referencia -las que comercializan el precio regulado, PVPC- comunican al Ministerio de Transición Ecológica el número de hogares acogidos al bono social. Ese departamento traslada la información a las comunidades autónomas, encargadas de gestionar el pago de esa ayuda. Pero a finales del año pasado aún había gobiernos regionales que no habían tramitado el bono térmico correspondiente a 2019. Y ello a pesar de que la normativa exige que ese pago se realice durante el primer trimestre de cada año. Pero las demoras se han impuesto tras un ejercicio como el de 2020 marcado por los confinamientos y la parálisis de buena parte de la actividad económica.

El departamento dirigido por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, puso en marcha esta novedosa modalidad del bono térmico hace ahora tres años, dentro del paquete de medidas aprobadas por el Ejecutivo tras el repunte de los precios energéticos, que llevaron a máximos históricos tras el verano de 2018. En su primera edición fueron algo más de un millón los hogares beneficiados, para pasar a más de 1,2 millones en 2019 y cerca de 1,3 millones en 2020. El presupuesto ha rondado los 80 millones de euros al año, aunque en esta última edición ha superado ya los 87 millones de euros. Aunque es cada comunidad autónoma la que lo abona directamente.

Sin embargo, el bono térmico, como su 'primo hermano', el bono social eléctrico, están llamados a desaparecer este mismo año, si se cumplen las previsiones de Transición Ecológica. Trabajan desde hace varios meses en una reforma «integral» del sistema de ayudas para que las familias vulnerables afronten los gastos energéticos con un sistema nuevo que supere el actual, con algunas carencias como las que ha dejado ver el bono social, que perdió tras el verano casi 200.000 perceptores cuando dejó de ser automático y tenía la obligación de ser renovado por sus titulares en un proceso administrativo que no todas las familias conocían.

Para ello, Transición Ecológica trabaja en una reforma para implementar un bono social energético «universal y automático» (sin esa necesidad de renovación por parte del perceptor): un «Suministro Mínimo Vital» que garantice el principio de precaución (ante cualquier impago, la compañía debería ponerse en contacto con los servicios sociales para conocer la situación del hogar afectado) y establecer un suministro temporal aunque haya un caso de impago. El objetivo es tenerlo preparado para ponerlo en marcha este año.