El 'número dos' de Benjumea dice que salió de Abengoa con las cuentas en positivo

Así se ha pronunciado el primero de los cinco acusados en este proceso penal en responder a las preguntas de las partes y del Ministerio Público, que le acusa de delito de administración desleal por el cobro de 4.484.000 millones de euros brutos tras su marcha de la empresa en 2015, año en que llegó a presentar preconcurso de acreedores debido a su endeudamiento.

El que fuera número 2 del expresidente Felipe Benjumea (también acusado en el proceso) ha mostrado durante esta primera sesión de vista oral que, en relación a su indemnización, no cobró los tres millones de euros acordados en su contrato con fecha de 23 de febrero de 2015 en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación.

También ha resaltado que, tras 25 años vinculado a la multinacional sevillana, decidió cesar como consejero delegado en abril de 2015 por problemas de salud y con la intención de no pasar tanto tiempo fuera de Nueva York, su lugar de residencia. Además ha apuntado a preguntas del fiscal José Perals, que lo hizo en un momento en que Abengoa crecía, de acuerdo con "los datos objetivos".

El investigado, para el que piden cuatro años y tres meses de cárcel, ha intentado desmontar así la teoría del Ministerio Público y las acusaciones particulares que entienden que cesó voluntariamente en mayo de 2015 como consejero delegado (cargo que ostentó entre 2010 y 2015) y un mes después firmó otro contrato de "prestación de servicios" para falsear su continuidad en la empresa, cumplir lo estipulado en las cláusulas del contrato de los directivos y cobrar las cuantías correspondientes.

En respuesta, Sánchez Ortega ha dicho que no abandonó la multinacional por la mala situación económica que atravesaba ya que "la realidad" era que Abengoa contaba con "el respaldo financiero, de los mercados y de los clientes" y no había ningún dato que indicase lo contrario. Incluso ha dicho que la acción cotizaba a niveles máximos, y que el rango de endeudamiento en el año de su salida se había reducido un 25 por ciento en comparación con el ejercicio anterior.

"No ha habido absolutamente ni un solo dato que justifique que Abengoa dobló la deuda o que no había manifestado la que tenía; ni un solo dato objetivo", ha dicho durante el interrogatorio en el que ha insistido además que "no ha habido modificación alguna" de los estados financieros tres años después de los hechos que se juzgan y que prueba de su confianza en la buena marcha del grupo andaluz es que no llegó a vender "ni un solo bono y ni una sola acción habiendo sufrido una pérdida patrimonial de seis millones de euros".

Respecto a la rebaja de la nota a Abengoa que hizo la agencia de calificación Fitch en 2015, el que fuera número dos de Benjumea ha explicado que se trató de una "mala interpretación sobre un ratio que hizo un daño tremendo" a la mayor empresa de energías renovables de España. "Durante las semanas siguientes me jugué la salud defendiendo la compañía por lo que había sido un daño sufrido al calificar un ratio que era de uso de ellos", ha dicho el acusado.

En relación con su papel en la compañía, el exdirectivo ha explicado que en febrero de 2015 tuvo que firmar los nuevos contratos para la alta dirección con las mismas condiciones económicas que el anterior y una serie de cláusulas adiciones que se plasmaban por primer vez por escrito, como eran la relativa a la confidencialidad, a la indemnización por cese anticipado, y a la que concretaba la existencia de una obligación de no competencia postcontractual de dos años a partir del cese de funciones en Abengoa.

El acusado firmó el contrato, ha dicho, con el aval de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que informó favorablemente al Consejo de Administración. Los miembros de dicha comisión -a excepción del exministro socialista Josep Borrell- son junto con Felipe Benjumea, los otros acusados del proceso. Esta misma comisión también informó favorablemente de los términos acordados en su renuncia como consejero delegado que formuló el 18 de mayo y de su nuevo contrato en calidad de prestación de servicios.

Este nuevo acuerdo se firmó, ha dicho, porque tenía que asesorar a su sucesor en la compañía; papel que estuvo desempeñando hasta el 30 de junio. Se trató de un periodo de tiempo que no tenía duración estipulada y en el que, ha dicho, no ostentó ninguna función ejecutiva dentro de Abengoa. Tras esto, comenzó a trabajar en una nueva empresa en Nueva York y no volvió a entrar "nunca más" en el consejo de la multinacional.

El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo ha resuelto incorporar a la causa la nueva documental aportada por las acusaciones particulares relativas a un contrato de reestructuración en el seno de la compañía con fecha de 24 de septiembre de 2016 así como el comunicado acerca de su aprobación en el mes de diciembre.

No obstante se ha opuesto al resto de requerimientos formulados por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa y Tarek Construcciones consistentes en una batería de medidas que ya fueron inadmitidas en su día al tratarse de una serie de cuestiones resueltas, según ha dicho la presidenta del tribunal.

Se trata de una documental consistente en comunicaciones internas entre la compañía y entidades bancarias además de la relativa a sedes de la compañía en Sudamérica que precisaron de más fondos de lo previsto, en concreto 700 millones de euros, según ha dicho la representación procesal de la plataforma, que ha indicado que esto vendría a demostrar que el colapso de la andaluza era "previsible" y que los deterioros que presentaba la compañía hace dos años deberían ser conocidos por los miembros del Consejo de Administración.

El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal también ha rechazado la petición de la testifical de los periodistas Carlos Piza de Silva y Lalo Agustina, autores de los libros 'Abencrash' y 'El ocaso del imperio del sol', respectivamente, sobre la crisis del grupo andaluz ya que consideran que no son testigos de los hechos sino que actuaron con posterioridad a los mismos. También se ha opuesto a que se incorpore a la causa documentación en prensa relativa a las noticias sobre su declive "porque no tienen absolutamente ningún valor jurídico".

El interrogatorio a Sánchez Ortega continuará este martes después de que el tribunal haya suspendido la vista contra los cinco exmiembros de la cúpula de Abengoa que se enfrentan a penas de cárcel de entre tres y cinco años de prisión por delito de administración desleal.