El brazo ejecutor del BCE sobre la banca

El propio BCE, a través de la llamada Junta Única de Resolución (JUR), se pone a los mandos en cuanto se pulsa el botón de alarma y decide «si la resolución del banco es de interés público (en caso contrario, se liquida) y qué medidas de resolución deben aplicarse». Que cualquiera de esos supuestos se viese como probable desde Fráncfort en el caso del BBVA parece alejado dada su solidez financiera y, en todo caso, cualquier medida de control va a depender siempre de que exista una sentencia condenatoria. Y, de momento, el BBVA solo ha sido imputado.

«Tenemos que esperar a las decisiones de la justicia», aseguraba recientemente Luis De Guindos, vicepresidente del BCE, que supervisa directamente 127 entidades de crédito de la zona euro. Esa será la señal. Aunque advertencias ya ha habido unas cuantas. Desde hace meses, el propio De Guindos viene urgiendo al BBVA a tomar medidas contundentes para evitar que se menoscabe su reputación por el 'caso Villarejo'. Ha imprimido «rapidez» a la investigación interna y ha reclamado que «el análisis que se haga sea lo más profundo posible». Que el asunto, en definitiva, no se cierre en falso.

Una situación totalmente nueva a efectos del principal mecanismo de intervención del BCE. El ente que preside Mario Draghi activó los engranajes del «failing or likely to fail» por primera vez en junio de 2017 con el Banco Popular. Y lo hizo optando por la vía más drástica: ordenó su resolución y, posteriormente, la venta al Santander por el precio simbólico de un euro. Accionistas y poseedores de títulos de deuda pública (bonistas) perdieron toda su inversión. La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, subrayó recientemente que el paso dado con el Banco Popular brindó «protección a los contribuyentes españoles y dio estabilidad del sistema».

Pero la operación ha sido recurrida ante la Justicia española y el Tribunal de Justicia de la UE por los damnificados, que esperan aún algún tipo de compensación. La JUR dispone de planes similares de resolución para 109 de los 127 grupos bancarios o entidades sobre los que tiene competencia ante un posible riesgo de quiebra.

El caso de la italiana Banca Carige es el más reciente. Y aunque con ese mismo trasfondo de posible 'inviabilidad', se resolvió de distinta manera. Estalló en enero. El BCE intervino el décimo banco del país, con más de un millón de clientes, que hundía sus raíces en el siglo XV como Caja de Ahorro de Génova. Nombró tres administradores temporales y un comité de supervisión con otros tres miembros para tomar el control, después de una cascada de dimisiones que dejó su consejo de administración herido de muerte.

Banca Carige iba lastrada por más de cinco años de inestabilidad y había llegado a la fase más crítica, a la del 'sí o no': requería una urgente inyección de capital. ¿La cifra? Unos 400 millones de euros. ¿El problema? La operación había sido rechazada apenas un mes antes por la familia Malacalza, titular del 27,55 % de la propiedad.

Así que Fráncfort metió la directa y la Junta Única de Resolución desembarcó con técnicos de su confianza imponiendo una administración temporal. «Es una medida de intervención temprana dirigida a garantizar la continuidad y perseguir los objetivos de un plan estratégico», precisó el banco central en ese momento.

Hoy está pendiente de la aprobación de una propuesta de para aumentar su capital en 700 millones de euros, de los cuales 313,2 millones provendrán de la conversión de bonos; 65 millones de Cassa Centrale Banca (la institución medular de cooperativas de crédito) y en torno a 320 millones quedarían asegurados por el Fondo Interbancario de Protección de Depósitos italiano.