El Estado admite que no tiene «ansiedad» por privatizar Bankia

Legalmente, el plazo establecido para que el Estado abandone el accionariado de Bankia -recién fusionada con BMN- expira el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, existe la posibilidad de que el FROB solicite al Gobierno una ampliación, una circunstancia «que seguimos considerando», ha expuesto Ponce. Se trata de «uno de los elementos de juicio que tenemos en nuestra estrategia», aunque también ha matizado, a renglón seguido, que lo que busca el FROB es «cumplir los plazos ahora establecidos».

El problema que tiene el Estado es que debe privatizar el 60% de Bankia en apenas 20 meses, el periodo que resta hasta 2019. Y quiere hacerlo «maximizando» el valor y, por tanto, la propia recuperación de las ayudas públicas de más de 22.000 millones otorgadas al grupo durante la crisis. Los dos paquetes vendidos hasta ahora -en febrero del 2014 y en diciembre del año pasado- han permitido deshacerse de un 14% del capital, con unos ingresos de 2.122 millones de euros para la Administración. Pero Bankia cotiza ahora en los 3,6 euros por título, un 10% menos que cuando vendió el último tramo -a finales de 2017-, y en una tendencia que sigue siendo bajista, lo que complica optimizar posibles privatizaciones parciales a medio plazo.