La banca vigila 94.000 millones en préstamos con riesgo de convertirse en morosos

Ante esta situación, el organismo ha vuelto a presionar a la banca para que sea extremadamente prudente a la hora de liberar las provisiones con las que hicieron frente a la pandemia. «El problema es la gran incertidumbre a la que nos enfrentamos», explicó durante la presentación del documento Ángel Estrada, Director General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del organismo.

Aunque la morosidad se ha mantenido hasta ahora controlada, gracias sobre todo a la red de seguridad tejida durante la crisis por el Gobierno, el Banco de España lleva tiempo vigilando el comportamiento de determinados sectores ante el final de las ayudas y, sobre todo, de las carencias aprobadas para los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Según los datos que maneja la institución, la banca mantiene actualmente 49.0000 millones de euros en créditos dudosos en el sector privado, otros 27.000 millones en sociedades no financieras y otros 22.000 de los hogares.

En vigilancia especial (préstamos que no han sido impagos pero que presentan los primeros síntomas de ello), ya hay 94.000 millones de euros en total, de los que 31.000 millones pertenecen al segmento hogares. Y en el caso de los préstamos ICO, segmento que el Banco de España vigila con especial interés, existen ya 3.000 millones de euros en dudosos y 17.900 millones en vigilancia especial.

En conjunto, los préstamos en vigilancia especial están aumentando a tasas de alrededor del 15%, mientras que el crecimiento también es notable en las refinanciaciones, donde «buena parte de ellas son préstamos calificados como préstamos dudosos».

El Banco de España observa , de nuevo, que son los sectores más afectados por la pandemia, y también algo en los préstamos al consumo, donde se encuentran los mayores riesgos. En concreto, apuntan a transporte, restauración, hostelería, construcción o agricultura. «Los hogares con empleo vinculados a estos sectores y los de renta baja también son objeto de vigilancia especial», indica Estrada.

En el documento hecho público este miércoles, el organismo comandado por Pablo Hernández de Cos también alerta de la vulnerabilidad que la elevada deuda pública supone para la economía española. Sobre todo ante el proceso de normalización de política monetaria, que ya ha generado un incremento de más de 150 puntos básicos en los tipos de interés a 10 años de las nuevas emisiones de deuda pública española desde enero de 2021.

Es cierto que los costes medios de la deuda se han reducido en los últimos años, pues la deuda que está venciendo en la actualidad fue emitida a tipos de interés superiores. Pero los elevados niveles de déficit y deuda actuales «hacen a la economía española vulnerable al deterioro de las condiciones de financiación y limita el espacio fiscal para reaccionar ante la materialización de nuevos riesgos».

Bajo este escenario, el Banco de España insiste en la urgencia por un programa de consolidación fiscal a medio plazo «para su aplicación una vez la recuperación sea sólida». Y lo hace a solo unos días de que el Gobierno mante la actualización del Plan de Estabilidad a Bruselas, cuyo plazo termina el 30 de abril, y donde se espera una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento, que hasta ahora se mantenían en el 7% para este año.

En sus últimas previsiones para la economía española, el Banco de España ya apuntaba a una moderación al 4,5% en 2022, «debido fundamentalmente al impacto sobre el consumo privado de la persistencia de la inflación en niveles elevados, que se ha agravado por la guerra en Ucrania». El problema, tal y como apunta el Informe de Estabilidad, es que la persistencia de la elevada inflación «está erosionando la renta de las familias y restando dinamismo a la recuperación de su consumo».

Así que si el impacto del alza de la energía acaba trasladándose plenamente a los precios finales, «las mayores demandas salariales podrían desencadenar efectos de segunda ronda de una intensidad notable, lo que se traduciría en un repunte inflacionista más acusado y más prolongado que el anticipado hasta ahora», indica el documento. «Ello supondría una mayor erosión de las rentas reales de los hogares, lo que acabaría lastrando su consumo, y la demanda de inversión y de empleo de las empresas», insisten.