El Banco de España pide que los pensionistas también asuman la pérdida de renta

El mensaje de Hernández de Cos, frente a todos los grupos parlamentarios, ha sido férreo en cuanto a las «señales» que hay que dar para atajar la inflación. «Hay una pérdida de bienestar sí o sí», ha indicado. «Lo único que podemos hacer es repartir el coste» de la inflación. Bien solo en el sector privado (entre trabajadores y compañías) o bien incorporando al público, incluidos «funcionarios y pensionistas».

En este sentido, ha abogado por proteger a los pensionistas más vulnerables, con una revalorización de las prestaciones mínimas el próximo año en línea con la inflación, estimada en un 8,5%. Pero no el resto de pensiones. En cualquier caso, ha insistido en que esta excepción sería «temporal», porque la ley indica que la revalorización debe ser confirme al IPC medio de noviembre a noviembre de cada año, tal y como votó el Congreso en su momento. Pero, al mismo tiempo, ha insistido en que esa realidad debe ser «compensada» con medidas que estabilicen la Seguridad Social, bien con más ingresos o menos gastos.

El gobernador se ha ido dirigido a todos los agentes económicos en cuanto a la pérdida de rentas en este contexto. «Principalmente empresas y hogares, pero también las Administraciones Públicas», ha indicado. Para que todos ellos «interioricen la pérdida de renta que implica el encarecimiento» de las materias primas que importa España y el efecto de la inflación. El gobernador ha insistido en el mensaje que ha lanzado en los últimos meses, en pleno debate sobre la revalorización de las pensiones. «El gasto público debería evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en un contexto en el que el margen» del Estado «se encuentra muy constreñido por el abultado endeudamiento público».

El Banco de España calcula que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones aumentará el gasto en esta partida presupuestaria en 1.800 millones de euros, lo que supone, a su juicio, una «presión sobre el gasto público muy significativa». Tanto es así que Hernández de Cos considera que los mayores compromisos de gasto por el alza de las pensiones con el IPC, así como por la derogación del factor de sostenibilidad (el ajuste de la primera pensión en función de la evolución financiera del sistema y de la economía) «no ha sido compensada todavía» por las otras medidas de ahorro aplicadas por el Ministerio de Seguridad Social, como el incremento de las cotizaciones a partir de 2023 o la penalización de la jubilación anticipada.

El gobernador ha incluido a los nueve millones de pensionistas que hay en España (seis millones, jubilados) entre todos los ciudadanos que deben asumir el impacto de la inflación en sus bolsillos. De hecho, considera primordial acordar el pacto de rentas que viene pidiendo a acordar entre sindicatos y empresarios para «repartir los costes» de la inflación entre los negocios y los trabajadores.

Sin embargo, el supervisor no visualiza hasta ahora que la subida de salarios sea el factor que esté impulsando los precios en España. De hecho, Hernández de Cos apunta que «las presiones inflacionistas se han trasladado de forma muy contenida a los salarios y los márgenes empresariales». Dos factores que, en función de los datos analizados por la institución, «se han mostrado relativamente estables».

Pero el Banco de España pone la vista en el futuro y advierte de lo que puede llegar por las cláusulas de salvaguarda frente a la inflación que están acordando empresas y trabajadores. Estas cláusulas han aumentado: ahora están presentes en un 25% de los nuevos pactos salariales en cada empresa, frente a la media del 16% del año pasado. Esta mayor presencia de estas condiciones para subir los salarios de cara al futuro para que no pierdan poder adquisitivo «eleva los riesgos de que puedan llegar a producirse en el futuro efectos de segunda ronda sobre la inflación más intensos que los observados hasta ahora». Es decir, que la subida de los salarios implique precios más altos, y así de forma continua en una especie de espiral vertiginosa, uno de los riesgos más pronunciados por el Banco de España en sus estudios y las intervenciones del gobernador.

La comparecencia del máximo responsable del Banco de España ha servido para analizar el proyecto de Presupuestos de 2023, y ha puesto el énfasis en la evolución de los ingresos tributarios (los que la Administración recauda por IRPF, IVA, Sociedades, etc.) y en la necesidad de evitar en estos momentos «un impulso fiscal generalizado» en términos de impuestos (con bajadas para todos los sectores) y gasto público boyante.

Hernández de Cos ha indicado que «la política tributaria ya no puede ser de un impulso generalizado», en su turno de respuestas a los grupos parlamentarios de la comisión. A su juicio, «hay que apoyar a los más vulnerables, de forma temporal, pero sin un impulso fiscal generalizado», ha insistido.

Los registros superan los experimentados antes de la pandemia, aunque ha pedido al Ministerio de Hacienda que actúe con «prudencia» para evitar que esos mayores ingresos deriven en un gasto superior, confiándose en los impuestos, por el efecto negativo que esta dinámica pueda tener en el futuro.

Hernández de Cos ha asegurado que la previsión del Banco de España es una mayor recaudación para este año que la proyectada por el Gobierno, que permitiría compensar tanto un menor crecimiento en 2023 (prevé un aumento del PIB del 1,4% frente al 2,1% del Ejecutivo) como desviaciones al alza del gasto público, sobre el que ve «riesgos al alza» en el gasto por intereses, prestaciones por desempleo y pensiones.

En todo caso, ha señalado cómo el plan presupuestario apunta a una caída del gasto público respecto al PIB de casi un punto (0,9 puntos porcentuales), principalmente por la reducción de las subvenciones (0,6 puntos menos), que en todo caso se compensaría en parte con el aumento de las transferencias sociales y los intereses.

En su comparecencia, el gobernador ha reclamado «prudencia» a la hora de emplear el mayor colchón de ingresos ante el «desconocimiento» de la razón que explica su mayor incremento, poniendo como ejemplo los mayores ingresos obtenidos en los años de la burbuja inmobiliaria y advirtiendo por ello del riesgo de que este incremento pueda desvanecerse y deteriorar las cuentas públicas. «Insisto en la necesidad de no tomar en su totalidad este aumento como permanente, hasta que no se conozca el origen del desacoplamiento que se viene observando desde el año 2020 entre la recaudación tributaria y las bases impositivas macroeconómicas», ha subrayado.

De hecho, los cálculos del Banco de España sostienen que una parte «muy importante» de esos ingresos extraordinarios que está recaudando el Estado se debe (en un 70%) al «intenso crecimiento» económico acumulado en España entre 2021 y 2022, tras el final de la pandemia; pero también por el incremento de las bases imponibles y el incremento de los precios, una realidad «muy evidente» en el caso de los ingresos por el IVA. El otro 30% del ascenso de los ingresos tributarios no sabe exactamente a qué achacarlo el Banco de España. De forma sorprendente, alude a que «puede deberse a múltiples factores, entre los que se encuentra, por ejemplo, un posible afloramiento de la economía sumergida».

Por el lado de los gastos públicos, el gobernador ha advertido de que existen riesgos de desviación al alza en algunas partidas de gasto en 2023 respecto a lo presupuestado. Entre ellas afectaría a la carga de intereses, las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales, en particular a las pensiones.