El Banco de España pide ajustes para evitar que la deuda se desboque

Es cierto que, a su juicio, una estrategia que cumpla con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, ahora en revisión, permitirá una reducción gradual de la deuda. Pero hasta 2035 no se alcanzarían los niveles precrisis. Así que, además de los ajustes, consideran convenientes el refuerzo con reformas que «incrementen el potencial crecimiento» para acelerar ese proceso «y hacerlo menos costoso», tal y como a detallado Arce durante su intervención.

Según ha indicado, también sería beneficioso «preanunciar una estrategia decidida» en términos de credibilidad. Pero no parece que ese vaya a ser el camino. Aunque el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a rebajar al máximo los desequilibrios, tanto en términos de déficit como de deuda, tienen claro que este proceso no se puede acometer por la vía de los ajustes durante la crisis. De hecho, han solicitado a la Comisión que la exención para cumplir con las reglas fiscales europeas, que establecen un límite del 3% y que fueron suspendidas por la pandemia para que los Gobierno pudiesen gastar sin límite, se amplíe hasta 2022.

Hace solo unos días, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que España no está en condiciones de abordar planes de consolidación. «Es impensable pedir a las comunidades que emprendan ajustes en servicios sociales o sanidad», aseguraba. Es decir, la reducción del déficit no será prioritario hasta que se recupere el PIB previo a la crisis o directamente lo exija Bruselas.

La deuda pública supera el 120% del PIB, y el Gobierno anticipa que este año apenas bajará al 119,5%. Según las últimas previsiones, tras empeorar las de déficit al 8,4% desde el 7,7% presupuestado inicialmente, en 2024 la deuda pública todavía estaría en el 112% del PIB.

Durante su intervención, Arce ha insistido en que la reducción de la deuda requerirá la combinación de varios factores, como contar con superávits presupuestarios recurrentes, políticas que favorezcan la moderación del coste de la deuda, reformas estructurales que estimulen el crecimiento y una inversión pública productiva, para lo que tendrán un papel «clave» los fondos europeos.