El Banco de España pide más recaudación a través de impuestos y ajustes de gasto para salir de la crisis

El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos recuerda que el PIB de la economía española sufrió su mayor contracción de la historia en el primer trimestre (-5,2%), pero Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, advierte de que la caída en el segundo trimestre será «sensiblemente más intensa». El impacto en el empleo de esta crisis está siendo «particularmente acusado» en España, lo que supondrá que el nivel de actividad previo a la pandemia no se recupere «hasta 2022», indica el informe.

En su hoja de medidas para salir de la crisis, el Banco de España aconseja al Gobierno que elabore un plan fiscal a medio plazo con medidas de ajuste como subir los tipos reducidos del IVA y los impuestos especiales -sobre todos los medioambientales- y revisar el Impuesto de Sociedades. Todo con el objetivo de aumentar la recaudación y poder retomar la senda de crecimiento económico anterior a la pandemia. Para ello también pide que la Autoridad Fiscal (AIReF) realice una revisión del gasto público y reformar la Seguridad Social para que el sistema de pensiones sea sostenible a largo plazo. «Hay que recalibrar la cesta de impuestos para hacerla más favorecedora al crecimiento», sostiene el organismo.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, asegura que la política fiscal debe ser «la primera línea de defensa para luchar contra los efectos económicos de esta crisis». «Es la más adecuada para paliar la pérdida de las rentas de hogares y empresas afectados, con acciones inmediatas, focalizadas y que se acomoden a una duración incierta y heterogénea», explica.

El organismo destaca la fuerte reducción de la afiliación a la Seguridad Social de 752.000 personas entre mediados de marzo -cuando se decretó el estado de alarma- y finales de mayo. Además, una «utilización masiva» de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE, 3 millones de personas) y del cese temporal de la actividad por parte de los autónomos (1,4 millones) a finales de mayo.

El supervisor asegura que la mayor parte del ajuste en el empleo está recayendo sobre los trabajadores temporales, un colectivo mucho más amplio en España que en los países de la UE. Así, la tasa de temporalidad se ha situado, en promedio, en el 25,2% del empleo total en España, frente al 13,9% registrado en los demás países de la UE. «La economía española registra tasas de desempleo significativamente más elevadas que cualquier país de nuestro entorno», lamentan.

Por ello, sugieren favorecer la formación de los trabajadores afectados por un ERTE y permitir «en algunos casos» compaginar esta situación con un trabajo en otra empresa para «no retrasar» la vuelta al mercado laboral de los empleados de los sectores más afectados por esta crisis. Y es que la incidencia de la crisis en el empleo está siendo «muy heterógenea» por sectores, siendo más negativa en los servicios que en la industria. Así, el organismo indica que la incidencia de los ERTE en mayo en la hostelería rondaba el 55% del empleo total, seguido del ocio (42%) y de la fabricación de vehículos de motor (30%). Los menos impactados por los ERTE fueron las ramas primarias, con una tasa inferior al 2%.

El gobernador explica que nuestro país tiene una tasa de paro y temporalidad «muy alta», lo que tiene un «elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir». «Necesitamos políticas que aumenten la formación de nuestros desempleados y su adecuación a las demandas de las empresas. Y también un abanico de contratos laborales que repartan más equitativamente la protección de los puestos de trabajo fijos y temporales», señala.

Así, el organismo aboga a medio plazo por figuras como la de contratos con costes de despido crecientes por antigüedad y por prestar atención a modelos que combinen la acumulación por anticipado en un fondo una parte de los costes de despido (la denominada 'mochila austriaca') mientras el trabajador mantiene un empleo con una indemnización.

Eso sí, el organismo reconoce que en términos generales, la reacción de las políticas económicas europeas han sido «rápidas y contundentes», mucho más «enérgicas» que la que se produjo tras la crisis financiera de 2008. Así, la política monetaria ha ido dirigida a recortar los tipos de interés de referencia hasta niveles mínimos y, en muchos casos, con el despliegue de instrumentos no convencionales como la compra de activos. En total, el Banco de España calcula que la respuesta europea a la crisis ha sido de unos 1,1 billones de euros, entre los fondos de la UE, el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que supone el 7,9% del PIB total de a UE.

El informe explica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desplegado «con celeridad» una amplia batería de medidas y que los principales foros económicos (G7 y G20) y los bancos multilaterales también han reaccionado a esta crisis con distintas iniciativas. Sin embargo, el organismo constata que a pesar del despliegue de estas actuaciones, «la magnitud de esta crisis pone de manifiesto la necesidad deprofundixar en la estructura institucional multilateral y de intensificar el grado de cooperación internacional y evitar el resurgimiento de políticas proteccionistas».

El gobernador asegura que las medidas aprobadas por el BCE han sido «cruciales para aliviar las tensiones financieras y para mantener el flujo de financiación a la economía».

La crisis financiera global dio lugar a un aumento significativo de la desigualdad de la renta salarial que la crisis de la Covid-19 está profundizando sobre los colectivos más vulnerables, lamenta el Banco de España en su informe, que alerta de que esto previsiblemente supondrá un «deterioro adicional» en los niveles de desigualdad en nuestro país.

Así, apoya las medidas de protección al empleo y de apoyo a las rentas de los hogares porque contribuirán a reducir las vulnerabilidades. Sobre el ingreso mínimo vital recientemente aprobado en el Congreso, el organismo considera que «puede resultar útil para reducir el nivel de pobreza extrema de ciertos colectivos», aunque incide en que su diseño y aplicación se enfrentan a algunos retos significativos. «Es posible que se produzca un desplazamiento de algunas actividades a la economía sumergida y las autoridades tendrán que controlarlo», señaló Arce.

Por su parte, Hernández de Cos afirma que «las medidas de sostenimiento de rentas, como el Ingreso Mínimo Vital ya aprobado, junto con una agenda de reformas estructurales ambiciosa para el empleo y la productividad contribuirán a corregir el impacto social de esta crisis» .

Destaca la fuerte reducción de la afiliación a la Seguridad Social de 752.000 personas entre mediados de marzo -cuando se decretó el estado de alarma- y finales de mayo. Además, una «utilización masiva» de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE, 3 millones de personas) y del cese temporal de la actividad por parte de los autónomos (1,4 millones) a finales de mayo.

El supervisor asegura que la mayor parte del ajuste en el empleo está recayendo sobre los trabajadores temporales, un colectivo mucho más amplio en España que en los países de la UE. Así, la tasa de temporalidad se ha situado, en promedio, en el 25,2% del empleo total en España, frente al 13,9% registrado en los demás países de la UE. «La economía española registra tasas de desempleo significativamente más elevadas que cualquier país de nuestro entorno», lamenta el informe.

Además, la incidencia de la crisis en el empleo está siendo «muy heterógenea» por sectores, siendo más negativa en los servicios que en la industria. Así, el organismo indica que la incidencia de los ERTE en mayo en la hostelería rondaba el 55% del empleo total, seguido del ocio (42%) y de la fabricación de vehículos de motor (30%). Los sectores menos impactados por los ERTE fueron las ramas primarias y los empleados en el hogar, con una tasa inferior al 2%.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, explica que nuestro país tiene una tasa de paro y temporalidad «muy elevada», lo que tiene un «elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir». «Necesitamos políticas que aumenten la formación de nuestros desempleados y su adecuación a las demandas de las empresas. Y también un abanico de contratos laborales que repartan más equitativamente la protección de los puestos de trabajo fijos y temporales», señala.

Eso sí, el organismo reconoce que en términos generales, la reacción de las políticas económicas europeas han sido «rápidas y contundentes», mucho más «enérgicas» que la que se produjo tras la crisis financiera de 2008. Así, la política monetaria ha ido dirigida a recortar los tipos de interés de referencia hasta niveles mínimos y, en muchos casos, con el despliegue de instrumentos no convencionales como la compra de activos. En total, el Banco de España calcula que la respuesta europea a la crisis ha sido de unos 1,1 billones de euros, entre los fondos de la UE, el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que supone el 7,9% del PIB total de a UE.

El informe explica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desplegado «con celeridad» una amplia batería de medidas y que los principales foros económicos (G7 y G20) y los bancos multilaterales también han reaccionado a esta crisis con distintas iniciativas. Sin embargo, el organismo constata que a pesar del despliegue de estas actuaciones, «la magnitud de esta crisis pone de manifiesto la necesidad deprofundixar en la estructura institucional multilateral y de intensificar el grado de cooperación internacional y evitar el resurgimiento de políticas proteccionistas».

El gobernador asegura que las medidas aprobadas por el BCE han sido «cruciales para aliviar las tensiones financieras y para mantener el flujo de financiación a la economía».

La crisis financiera global dio lugar a un aumento significativo de la desigualdad de la renta salarial que la crisis de la Covid-19 está profundizando sobre los colectivos más vulnerables, lamenta el Banco de España en su informe, que alerta de que esto previsiblemente supondrá un «deterioro adicional» en los niveles de desigualdad en nuestro país.

Así, apoya las medidas de protección al empleo y de apoyo a las rentas de los hogares porque contribuirán a reducir las vulnerabilidades. Sobre el ingreso mínimo vital recientemente aprobado en el Congreso, el organismo considera que «puede resultar útil para reducir el nivel de pobreza extrema de ciertos colectivos», aunque incide en que su diseño y aplicación se enfrentan a algunos retos significativos. «Es posible que se produzca un desplazamiento de algunas actividades a la economía sumergida y las autoridades tendrán que controlarlo», señaló Arce.

Por su parte, Hernández de Cos afirma que «las medidas de sostenimiento de rentas, como el Ingreso Mínimo Vital ya aprobado, junto con una agenda de reformas estructurales ambiciosa para el empleo y la productividad contribuirán a corregir el impacto social de esta crisis.»