El Banco de España alerta: inflación y suministros amenazan la recuperación

Para empezar, el Banco de España considera que si los problemas de suministro observados recientemente acaban lastrando la actividad económica mundial, «ello afectaría también de forma más duradera a algunas ramas industriales en nuestro país».

Por otro lado, otro riesgo que consideran que ha ganado intensidad recientemente es el temido repunte de la inflación ante el encarecimiento de las materias primas y algunos bienes intermedios. Pero sobre todo que ese repunte «tenga una naturaleza menos pasajera de lo que se supone en la actualidad, con la consiguiente compresión de las rentas de los hogares y empresas en términos reales».

Según indican los analistas del organismo, esa mayor persistencia podría dar lugar a una traslación de las subidas de costes a los precios finales y las demandas salariales, algo que daría lugar a un repunte de la inflación de una naturaleza más intensa y duradera que la anticipada en este momento.

Bajo este escenario, el Banco de España insiste en el mensaje que en los últimos meses ha acaparado sus recomendaciones al Gobierno. Antes y después de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. La institución mantiene su discurso de que la política fiscal debe mantener un tono expansivo en el corto plazo. Sin embargo, insiste en que es necesario «plantear un programa de consolidación a medio plazo», entre otras cosas, para contener y reducir las vulnerabilidades que ha provocado el elevado endeudamiento público adquirido tras más de un año de medidas expansivas para contener el impacto de la pandemia sobre la economía de hogares y empresas.

«De hecho, las medidas de política fiscal desplegadas en la crisis deben ser cada vez más selectivas y focalizarse en los sectores económicos y segmentos de la población para los que la reactivación está siendo más lenta», indica el Banco de España. En su informe, apunta directamente a las familias vulnerables con miembros que trabajan en los sectores más golpeados por la crisis, como la hostelería o el transporte que son, precisamente, los que han acumulado los mayores incrementos de deuda bancaria y también del crédito dudoso.

A su juicio, los elevados niveles de deuda hacen a la economía española «vulnerable» ante el posible deterioro de las condiciones de financiación, reduciendo su capacidad de respuesta ante la materialización de los riesgos mencionados.

El Banco de España, no obstante, recuerda que en sus previsiones publicadas en septiembre ya anticipaba una significativa mejora del déficit de las administraciones públicas en este año, que tendría continuidad en los dos años siguientes. Tras el 11% del PIB, registrado en 2020, el déficit público podría acabar el año 2021 en torno al 7,6%.

«Esta previsión tiene en cuenta las medidas tomadas para moderar la fuerte alza de los precios de la electricidad, así como los costes de una nueva prórroga de los ERTE ligados a la covid-19 hasta final de año», indician, apostando por que la corrección del desequilibrio de las finanzas públicas continúe en 2022 y 2023 gracias a la mejora cíclica esperada y a la retirada de las medidas extraordinarias relacionadas con la pandemia.

Pese a ello, insisten en que el déficit se situaría todavía este último año por encima del 3% del PIB que marcan las reglas fiscales de Bruselas -suspendidas de momento para que los Gobiernos puedan hacer frente a la crisis- y la deuda pública apenas descendería 5 puntos en el horizonte considerado.

De acuerdo con los ejercicios de simulación realizados, la ratio de deuda permanecería en torno al 115% del PIB en el horizonte de los próximos 15 años en ausencia de medidas de consolidación presupuestaria, bajo el supuesto de que la economía española mantuviera tasas de crecimiento similares al promedio de las últimas décadas. Por el contrario, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), especialmente si es acompañado de reformas estructurales permitiría alcanzar en ese mismo horizonte un nivel de endeudamiento inferior al existente antes de la irrupción de la pandemia.

A lo largo del informe, el Banco de España también hace referencia a otro riesgo latente del que viene advirtiendo en los últimos meses, pero que ahora empieza a acelerarse: el riesgo de impago en los créditos concedidos durante la crisis, especialmente en aquellos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), sobre los que el Estado asumía hasta un 30% de ese riesgo.

Es cierto que el sector financiero ha conseguido mantener a raya la morosidad en los últimos meses, cuando las voces más agoreras apuntaban a tasas superiores al 10% que nunca han llegado a cumplirse. Pero la señales de deterioro de la calidad del crédito existen y han encendido las alarmas del Banco de España. Sobre todo por el notable incremento de los préstamos en vigilancia especial -aquellos que aun no presentan impago pero sí las primeras señales de riesgo- y las refinanciaciones.

Respecto a los primeros, la institución ha detectado un 53% en los últimos 12 meses. Por su parte, los créditos refinanciados o reestructurados, que habían moderado su ritmo de descenso en los últimos trimestres, han pasado a crecer un 8,8 % en tasa interanual en junio de 2021, «lo que estaría indicando un mayor uso de este recurso por parte de algunas entidades, para facilitar el repago de créditos a determinados acreditados, en particular de las empresas no financieras».

El porcentaje de préstamos vinculados a moratorias vencidas o desistidas con signos de deterioro crediticio alcanzó en junio el 20 % para vigilancia especial (frente al 19 % en diciembre 2020) y en el 9% en dudoso (frente al 8% observado en diciembre 2020). «Este deterio podría aumentar en los próximos trimestres, ya que una parte importante de las moratorias ha vencido muy recientemente, a lo largo del segundo trimestre de 2021», advierten los analistas. No obstante, recuerdan que los préstamos que han recibido moratorias representan un porcentaje reducido de la cartera de las entidades.

En total, y según los datos detallados por el organismo, actualmente existen 93.000 millones de euros con probabilidad de convertirse en morosos. Unos 58.000 millones corresponderían a empresas de sectores más afectados por la crisis y el resto, otros 35.000 millones, de familias.

El Banco de España recuerda que hay una parte imortante de estas operaciones avaladas que se encuentran en periodo de carencia en la actualidad, lo que moderaría en el corto plazo la materialización del riesgo de crédito. Sin embargo, se observa también que el volumen vinculado a clientes que ya tienen algún préstamo problemático (sobre el total de financiación de la que dispone, no sólo las operaciones ICO) ha aumentado significativamente dentro de las sociedades no financieras.

«La elevada presencia de señales de deterioro crediticio en los clientes con aval ICO sugiere que el riesgo de estas operaciones podría materializarse en mayor medida, una vez el periodo de carencia expire», sentencia el organismo.