El Banco de España aboga por desinflar las ayudas por el precio de la luz

El planteamiento del supervisor llega con la presentación del apartado energético dentro del Informe Anual 2022 del Banco de España. Aunque Gavilán matiza que la «conveniente» retirada de estímulos puede ser compatible con mantener algunas ayudas focalizadas. Entre las grandes medidas en vigor en materia energética se encuentra la rebaja del IVA de la luz y el gas del 21% al 5%, así como el Eléctrico al mínimo legal del 0,5%; la suspensión del impuesto a la generación; o la relajación de la parte fija del recibo.

El informe también pone de relieve cómo al menos un 15% de las familias españolas, alrededor de 2,8 millones de hogares, tienen que afrontar un gasto energético «desproporcionado». Su consumo duplica a la media nacional. Se trata de hogares que se encuentran, fundamentalmente, en la parte más baja de renta, representando un 30% del total.

También explica que los precios de la energía han aumentado de forma mucho más acusada en la UE que en la mayoría de las principales economías mundiales. Y avisa de que si el aumento de los costes energéticos en la UE con respecto a los del resto del mundo que se ha observado en la crisis energética actual persistiera, se produciría un descenso apreciable de la producción industrial europea, que se sustituiría por importaciones sobre todo industriales.

Por otra parte, señala que una proporción considerable de los precios energéticos pagados por los consumidores son impuestos y otros conceptos regulados, cuyo peso difiere de manera apreciable entre las distintas economías europeas: En España, en comparación con el promedio de la Unión Europea, estas partidas suponen un porcentaje inferior de la factura energética, excepto en las del gas y de la electricidad de los hogares.

Así, por ejemplo, España presenta una presión fiscal sobre los carburantes (IVA e impuesto especial sobre hidrocarburos) inferior a la de la media de la UE. Por otra parte, tomando como referencia el año 2019, los impuestos y los costes regulados suponían un porcentaje relativamente elevado de la factura del gas y, especialmente, de la electricidad tanto en España como en el promedio de la UE.

En comparación con la UE, este porcentaje era algo superior en España en el caso de las facturas de los hogares (un 72% y un 62% en electricidad y gas en nuestro país, frente a un 69% y un 55%, respectivamente, en la UE), pero inferior en el caso de las facturas de las empresas.