Saracho se escuda en que el Popular estaba peor de lo previsto para intentar salir indemne del juicio

En su declaración, que se ha extendido durante más de cinco horas, Emilio Saracho ha revelado que cuando asumió la presidencia de la corporación encargó una serie de tasaciones para comprobar los estados financieros y el balance del banco que, finalmente, arrojaron unos resultados mucho peores de lo que él mismo esperaba, ya que era consciente de la realidad del Popular, según comentaron diversas fuentes jurídicas.

La intervención de Emilio Saracho ante el juez discurrió prácticamente en la misma línea de lo que dijo durante su comparecencia ante la comisión que investigaba la crisis económica en el Congreso, en junio del año pasado. Ante los diputados apuntó que Banco Popular «era el mayor problema del sistema bancario europeo» y, por eso, no le sorprendió que finalmente quebrara. Según sus palabras, no era «tan imbécil» como para ignorar que podría llegar a ocurrir en algún momento pero asumió las riendas «por responsabilidad». Sin embargo, hoy ha admitido que creyó que podría hacer frente a la situación que vivía el grupo al frente del cual estuvo apenas 108 días tras la salida de su predecesor, Ángel Ron.

Saracho ha indicado al juez y al fiscal del caso -mañana jueves llegará el turno de las acusaciones, como estaba previsto- que nunca tiró la toalla para dar salida a la grave crisis del banco. Y ha apuntado que la idea de lanzar una ampliación de capital con la que obtener más fondos con los que proseguir el negocio enseguida se vino abajo. Pretendía hacerla el 12 de junio, una fecha que finalmente fue posterior a la liquidación del banco. Primero, porque las valoraciones que actualizaron el estado del banco ya fueron pésimas. Y, además, porque ha recordado que el éxito de esa operación estaba condicionado a la aceptación de los grandes inversores (como la familia mexicana Del Valle), quienes ya habían habían hecho frente a otra ampliación, la de mediados de 2016 por 2.500 millones de euros, cuyos resultados apenas sirvieron para prolongar la crisis de la entidad.

La imputación que pesa sobre Saracho se deriva de una pieza apartada de la causa principal (a la que tiene que hacer frente Ángel Ron por la macroampliación de 2016), y se ciñe al periodo de la presidencia de Saracho en el que, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado. Su mandato estuvo condicionado por la incesante salida de fondos del banco de los depósitos de sus clientes, que sacaron de la entidad 18.550 millones en sus últimos últimos meses.

Ante la acusación de presunta manipulación del mercado para hundir el valor, Emilio Saracho ha explicado que en realidad durante su mandato tuvo muy pocas noticias buenas que dar a la opinión pública, los medios y, sobre todo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sabía que la situación del Popular no era buena, pero, como ha insistido, los hechos y la realidad fueron aún más duras de lo esperado, según su versión.

Uno de los acontecimientos que más impactó en la salida de depósitos fueron las declaraciones de Elsa Konig, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) cuando pronunció a finales de mayo un mensaje que terminó por defenestrar al banco: «Nunca hemos hablado de casos individuales, pero hay varias entidades en nuestro radar. Por supuesto, Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando, pero no es el único». Entonces, la fuga de capitales se aceleró. En la declaración que proseguirá este jueves, Saracho aclarará qué es lo que ocurrió esos últimos días de vida del Popular justo antes de su venta al Santander.