Santander amaga con llevarse sedes fuera de España por el impuesto a la banca

Álvarez ha querido insistir en que si, por ejemplo, se aplica un tributo por los resultados contables generados, «nuestros accionistas nos dirán que ese impuesto puede afectar a la morfología» del grupo, refiriéndose a la organización que tiene en estos momentos. Porque, a su juicio, supondría «una doble imposición» de lo que se paga en otros países, porque las filiales del grupo aportan 4.000 millones de euros en dividendo al año. Álvarez ha recordado que el centro corporativo del Santander se encuentra ubicado legalmente en España. «Si perdemos dinero aquí como consecuencia de tener ese centro en España, no deberían ponerse más impuestos», ha anticipado. Por ello, ha recomendado a Hacienda «reflexionar» sobre sus propuestas porque «pueden tener los efectos colaterales contrarios a los que se persiguen».

El ejecutivo del Santander considera que lo que quiere hacer el Gobierno no es «juego limpio» («'fair'», en inglés, ha comentado) porque «podría llevar a las multinacionales a no ser tan multinacionales». «Se trata de crear el mejor valor para nuestros accionistas». Por eso, «dependiendo de lo que se haga, tomaremos las decisiones que nos convengan», ha explicado Álvarez considera que con estos gravámenes nuevos las corporaciones españolas «estarían en desventajas» sobre las de otros países. En cualquier caso, ha comentado que la de los impuestos a la banca es aún una cuestión «muy prematura», pero también ha apuntado que lo que debería hacer el Gobierno es pensar en un modelo fiscal que prime «el crecimiento, el empleo y que no cree incertidumbre legal» en las empresas que los abonan.

En el plano meramente comercial, Santander ha aclarado el futuro a medio plazo por el que pasará su red comercial en España tras la adquisición del Popular. José Antonio Álvarez ha explicado que la integración jurídica de ambas entidades se realizará a la vuelta del verano «entre septiembre y octubre», como estaba previsto. Será, por tanto, «a partir de noviembre», según ha indicado el consejero delegado del grupo, cuando se inicie la integración «operacional», que supondrá la reestructuración del número de oficinas y de personal, en un plazo que culminará antes del verano de 2019. Ha recordado que, en el caso de la plantilla, negociarán con los sindicatos, y en el caso de la red se hará «un análisis detallado» de los posibles cierres «para no generar disfunciones».