Santander prepara otra reducción de plantilla y oficinas dentro de un año

Entonces, la Junta Única de Resolución decidió intervenirlo y abrir de forma urgente una subasta. El banco tenía que afrontar a la mañana siguiente, a las 9.15 horas, pagos por 2.500 millones de euros, tras varios días en los que empresas, instituciones públicas y particulares habían retirado depósitos por miles de millones con lo que la liquidez del Popular había acabado estrangulada. De hecho, el Consejo del Popular había encargado al bufete Uría preparar la declaración de suspensión de pagos para el 7 de junio.

Fueron horas frenéticas que acabaron con la adjudicación del Popular al Santander, que aunque tuvo el precio simbólico de un euro requirió una ampliación de capital de 7.000 millones de euros por parte de la entidad que preside Ana Botín. En esa primera mañana, una vez adjudicado el banco, el Santander envió 13.000 millones de euros a las oficinas del Popular para proveer de liquidez suficiente a la entidad.

La noche había sido dura, detallan fuentes financieras: a las diez de la noche el Santander decide la oferta;_hasta casi la una de la madrugada los abogados discuten las condiciones de los contratos (una de las exigencias del Santander –que fue aceptada– era que no se aplicaran las cláusulas de cambio de control) y a las cuatro de la madrugada anuncian al consejero delegado, José Antonio Álvarez, que está hecho. El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) invitó a varios bancos a la subasta, aunque a los extranjeros poco les interesó.

Tampoco al Santander le había cautivado la primera vez que le ofrecieron comprar el Popular, aseguran fuentes del sector. Un equipo de 40 personas (de control de riesgos, auditoría, gestión y una «legión de abogados») analizó durante casi nueve días las cuentas del Popular y concluyó que tenía un valor negativo de entre 1.000 y 2.000 millones de euros, por lo que declinaron hacer una oferta en aquel momento.

Cuando les llegó la invitación del FROB a participar en la subasta concretaron el valor negativo del banco en 1.600 millones y, por aplicación de la normativa de resolución, eso llevó a la pérdida total de la inversión de los accionistas y de los títulos de deuda subordinada. Esto es lo que ha provocado cientos de demandas (unas contra la Junta de Resolución, otras contra el FROB y otras contra el Popular por no informar bien en la ampliación de capital de 2016).

El Santander ofreció a los 110.000 accionistas minoritarios del Popular que acudieron a la ampliación de capital y eran clientes de uno de los dos bancos compensarles con un bono si no litigaban. Acudió a la oferta el 78%, aunque los 30.000 que quedaron fuera tenían menos de 5.000 euros en acciones.

La adquisición del Popular en subasta fue hace un año, pero el proceso continúa. Una vez culmine la fusión legal en septiembre u octubre, el Santander empezará a integrar sucursales del Popular en su sistema –el plan es comenzar en noviembre y acabar en junio del año que viene–.

En julio de 2019 ya no habrá marca Popular ni Pastor y, a partir de ese momento, el banco podrá emprender una nueva reestructuración con reducción de plantilla y de oficinas. No en vano, Botín prevé reducir los costes del Popular un 32% entre 2018 y 2020.