Rato: «Rajoy me echó del cargo»

«Era la vicepresidenta del Gobierno, señoraElena Salgado, la que nos empujó a salir a Bolsa antes de septiembre (finalmente fue en julio)», aseveró a preguntas de la representante de la Fiscalía Anticorrupción, Carmen Launa, con la que volvió a tener varios cruces de palabras tensos que obligaron a la presidenta del tribunal, la veterana magistrada Ángela Murillo, a llamarle al orden. Sabedor de que la mañana estaría dedicada a sus palabras -tras responder al Ministerio Público sería el turno de hacerlo con el abogado de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), personado como perjudicado, para luego terminar con su propio letrado, los únicos a los que quería contestar-, insistió en su tesis repetida de las presiones externas, en este caso del Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero: «nos decían que había que salir antes».

Pero de nuevo, como en la víspera, volvió a apuntar al Banco de España, gobernado en aquella época por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pues según él se unió a la estrategia de empujar a Bankia a salir al mercado antes de tiempo, pese a que ello supusiera hacerlo con un fuerte descuento en el precio de sus títulos. «No estaba transmitiendo –ha dicho respecto a los mensajes que hacía llegar el supervisor financiero- que a un determinado precio la acción no merecía la pena, sino que antes de septiembre tenía que haber salido». La insistencia en dicho mes «partía del FROB y de la ministra», que «dio la orden» de acortar los plazos, ha señalado, y se debía a que el Ejecutivo se temía a que a partir de entonces el riesgo de una nacionalización por su situación era importante.

Según su relato, incluso hubo un momento en que el propio FROB pareció darse cuenta, tras haber facilitado 4.465 millones de euros de dinero público en ayudas para la integración de las siete cajas que alumbraron el banco, que no entrar en el parqué entonces «tenía un coste reputacional mayor» que hacerlo a un precio bastante inferior al acordado en un principio, pese a la desconfianza de las casas de análisis en el plan de negocio futuro de Bankia, porque «los mercados podrían haberse cerrado para nosotros» en caso contrario. Rato ha tratado así de extender al Gobierno de la época y a los reguladores la responsabilidad en el delito de fraude a los inversores que le imputa la Fiscalía, junto a sus cuatro principales excolaboradores en la cúpula de la entidad financiera.

También ha dicho recordar «perfectamente» varias llamadas de la propia Salgado, que tenía el cargo de vicepresidenta económica del Gobierno, para hablar directamente de la salida a Bolsa, mientras que la interlocución con el Banco de España estaba repartida entre «muchos» porque Bankia «tenía una estructura muy compleja». Sin embargo, la fiscal ha puesto en duda su versión de que todo el proceso se decidía externamente al presentarle las actas del consejo de administración que la entidad celebró el 28 de junio de 2011, y donde se hace referencia al «importante descuento» que tenían que hacer en el precio de los títulos antes de entrar en el mercado, pese a que estaba establecido en el folleto un precio mínimo (4,41 euros) por debajo del cual podrían «desistir».

«Yo no recuerdo que nadie me planteara allí que tuviéramos que abordar un problema sobre la valoración de las acciones de Bankia y BFA», ha sido su respuesta escueta para no abundar más en ese asunto, pese a las criticas de Launa por recordar bien unas cosas y otras no a conveniencia. A este respecto le interrogó de nuevo sobre correos internos de los inspectores del Banco de España empotrados en la entidad, esta vez referidos a la fuerte depreciación de la participación accionarial de su matriz (BFA). «Parece que sí había un problema», le ha preguntado, a lo que el acusado le ha contestado, «para no hablar de correos ni de frases coloquiales», que «sí lo había»; «uno de los muchos que existían» -ha apostillado-, aunque «tenía solución y la buscamos».

Lo que sí ha intentado Rato, al igual que hace ahora justo un año en su comparecencia ante la comisión parlamentaria sobre el origen de la crisis financiera en España, es hacer ver que hubo una especie de persecución política contra él. Tras dejar Bankia habría sido -según su versión- en relación a su patrimonio personal, que es objeto de una investigación penal desde hace tres años y medio. Y antes en su etapa al frente del banco, hasta que el entonces «presidente del Gobierno», Mariano Rajoy, «me echó del cargo, a mí personalmente» en mayo de 2012, lo que a su juicio fue una «intervención absolutamente política» no justificada por la situación de sus cuentas.

De hecho, el que ocupara años antes el mismo cargo que Elena Salgado y luego dirigiera el FMI intentó centrar su defensa en esa parte política, aunque la fiscal trató de evitarlo para centrarse en la salida a Bolsa. «Salvo que haya acontecimientos dramáticos todos vamos a llegar -al punto de su adiós forzoso a la entidad-, seguro señora fiscal, no se preocupe», le ha replicado. Y es que según él las cajas que integraban Bankia eran viables antes de la fusión y después, también tras su debut en el mercado porque aunque éste «es fluctuante», el precio «se mantenía». El problema, ha tratado de reivindicarse, era que esas mismas cajas «perdieron mucho con la intervención política» puesto que el plan de recapitalización era que el FROB «ponía 5.000 y pico millones, que según ellos necesitábamos, y se quedaba con el banco».