El BCE quiere que la política fiscal de la zona euro apoye sus medidas anticrisis

Y es que a unos «riesgos para el entorno externo» que «siguen siendo negativos», se unen unas tasas de inflación «persistentemente por debajo de los niveles en consonancia con su objetivo», próximo al 2% aunque inferior. El análisis que dibujó Philip Lane, economista jefe del BCE, no fue halagüeño, aunque los consejeros insistieron en que el comunicado del supervisor debía establecer «un cuidadoso equilibrio» entre dar señales «indebidamente negativas» sobre la economía y, por otro lado, «contrarrestar eficazmente la preocupación de algunos observadores» de que no tienen los elementos «necesarios» para subir precios.

De ahí que cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, compareciera después ante la prensa, subrayara que «se actuará con determinación si la inflación es inferior o más alta del objetivo». Pero como ni el aumento de los salarios ni las «crecientes» presiones de los costes han elevado las perspectivas del índice de precios de consumo –las proyecciones señalan el 1,4% para este año y el 1,5% para 2020–, el consejo de gobierno abrió la puerta a un cambio «futuro» en esa meta inflacionista. No obstante, se destacó también que llegado el caso «no debía emplearse como una medida de política aislada», sino que debía «vincularse a una revisión más amplia de la estrategia de política monetaria» del Banco Central precisamente para «garantizar su coherencia».

Y es que la mayoría de los consejeros coincidió, al hablar de qué medidas podía tomar el BCE –no solo ante la inflación sino también frente a una posible crisis que se ve más cercana, con riesgo de «contagio» de la «debilidad» de la industria a los servicios y la construcción–, en que «las diversas opciones deben considerarse como un conjunto», esto es, combinar los instrumentos que se elijan con «importantes complementariedades y sinergias» pues la experiencia ha demostrado que concertar recortes de tipos y compras de activos es «más eficaz que una serie de medidas selectivas». Asimismo, pidieron que a la hora de diseñar esas actuaciones se valore su «eficacia relativa» ante «futuros imprevistos».

Por esa razón, y como el BCE encargó tras la reunión «a los comités pertinentes del Eurosistema» que examinaran las posibles opciones, se desprende que ese «sesgo de relajación» a introducir en los tipos de interés oficiales puede no empezar a adoptarse en su próxima reunión, el 12 de septiembre, y demorarse al menos hasta la cita del 24 de octubre. No obstante, si deja claro que el precio del dinero se mantendrá «en sus niveles actuales o inferiores», al menos durante el primer semestre de 2020 y, «en cualquier caso, el tiempo que fuese necesario».

Otra de las medidas «paliativas» que se apuntó fue establecer un sistema «escalonado» para remunerar las reservas de los bancos en el supervisor; en este caso, fijar tasas distintas en lo que ahora les cobra por mantener ese dinero inactivo. No se abundó más, sin embargo, como tampoco en las opciones sobre el volumen y la composición de las nuevas adquisiciones de activos netos.

Sí han hecho sus cálculos varias casas de análisis de lo que supondría reactivar su programa de compras de deuda (QE2 en inglés), que durante la crisis supuso la adquisición de más de 2,5 billones de euros en bonos públicos y corporativos. Estiman un ritmo de 30.000 millones al mes, pero como solo daría para seis meses creen que el supervisor podría eliminar algunas restricciones y ampliar su alcance para mantener los estímulos, al menos, un año.

Pero en el BCE tienen claro que su nueva política de «estímulos monetarios» sería «más eficaz si otros ámbitos contribuyeran a aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo». En concreto, quiere que los países del euro que dispongan de «espacio fiscal» lo usen para «mantener la demanda» interna –motor de muchas economías de la zona, España incluida–, y que aquellos con niveles de deuda aún elevados «sigan reconstruyendo las reservas fiscales».

Alemania, de hecho, se está planteando abrir el grifo de su gasto público -aunque con limitaciones-, mientras que los Estados del sur de Europa, por sus pasivos abultados, no estarían en disposición de hacerlo. Y ello sin olvidar la «necesidad» de «acelerar» las reformas estructurales, en lo que vienen insistiendo hace tiempo la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).