El PSOE presiona los ERE bancarios con una iniciativa en el Congreso

El documento al que ha tenido acceso este diario, fechado el 13 de mayo y firmado por los diputados Esther Peña Camarero, Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, señala que las entidades también deben comprometerse con la formación de sus empleados y las recolocaciones. Pero no solo se refieren a medidas para limitar los despidos. También exigen a los bancos que adopten planes para evitar la exclusión financiera en este proceso de ajuste, además de incorporar variables como las condiciones de las plantillas o la calidad del servicio a la hora de calcular las propuestas de retribución variable de los directivos.

El salto de esta iniciativa al Congreso supone un paso más en la creciente tensión desde que a mediados de abril CaixaBank y BBVA anunciasen sus respectivos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que, según las propuestas iniciales, implicaban la salida de más de 12.000 trabajadores (8.291 en el caso de CaixaBank y otros 3.798 en BBVA).

De hecho, y pese a no citar en su parte propositiva los recortes en CaixaBank, el PSOE sí señala en la exposición de motivos que los sindicatos consideran que, más allá de evitar duplicidades y solapamientos, el objetivo último de la entidad es «enjugar unas pérdidas motivadas por la pandemia a costa de la reducción de plantilla y de renegociar unas condiciones laborales a la baja, incluidos recortes en los salarios y en las prestaciones».

El propio Ejecutivo se ha mostrado muy crítico con las medidas adoptadas por el sector. Incluso el Ministerio de Trabajo remitió una carta a ambas entidades para transmitirles la necesidad de rebajar el número de afectados. Y esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a trabajar «intensamente» con los sindicatos para mitigar al máximo los despidos colectivos «en sectores en los que los beneficios no los justifiquen».

Unas horas antes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hacía lo propio al cargar contra la reforma laboral del Partido Popular que, según criticó, impide actuar al Ejecutivo en este tipo de procesos, al eliminar la autorización administrativa que las empresas estaban obligadas a solicitar cuando presentaban un ERE.

El Gobierno también ha mostrado su preocupación al Banco de España por esta ola de salidas en el sector bancario. Pero la institución sabe que, pese a los beneficios de los últimos años (salvo el parón de 2020 por la pandemia), el problema de la banca es la rentabilidad. Y para superarlo, no queda otra que reestructurar.

De hecho, el propio gobernador Pablo Hernández de Cos defendió el miércoles en el Congreso estos procesos de ajuste, recordando que «la banca es un sector en transformación que necesita un ajuste estructural y en el caso español, doblemente. «Pese a la reducción de sucursales, el número por cada 100.000 habitantes sigue duplicando la media europea», insistió.