Caso Popular: Guindos, Linde y Albella declararán como testigos

Así lo ha decidido el juez José Luis Calama, quien instruye la causa por la que se investiga el derrumbe de la entidad, al dictar un auto en el que llama a declarar como testigos al exministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos; el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde; y los dos últimos presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez y el actual, Sebastián Albella. En el caso se encuentran imputados, entre otros, los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y su sucesor Emilio Saracho, quienes ya han declarado como investigados.

Quien fue presidenta del supervisor bursátil hasta octubre de 2016, Elvira Rodríguez, será la primera en pasar por la sala de la Audiencia Nacional donde intervendrá como testigo el 4 de marzo del próximo año. Una semana después, el 11 de marzo, lo hará el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, quien estuvo en el cargo hasta junio de 2018. El siguiente en pasar por el juzgado será Sebastián Albella, actual presidente de la CNMV, el día 18 de marzo. Y el 2 de abril cerrará este turno de comparecencias judiciales Luis de Guindos, responsable económico del Gobierno tanto en la ampliación de 2016 como en la caída del banco un año después.

El juez investiga en qué términos se realizó aquella operación de ampliación de capital un año antes de que el banco pidiera la intervención del BCE porque no podía abrir las oficinas ante la falta de liquidez. Tras la quiebra, en julio de 2017, el Popular dejó a miles de accionistas y bonistas sin sus ahorros. Se han presentado multitud de querellas por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública contra los exresponsables del banco. Se trata de determinar si los problemas del banco provenían de antes de aquella operación, cuyo folleto informativo ahora se pone en cuestión por el camino posterior recorrido por el banco.

La ampliación del Popular en 2016 fue una de las operaciones más controvertidas que protagonizó el banco un año antes de su quiebra. Se pidieron 2.500 millones de euros y no solo entre grandes fondos, sino también entre pequeños inversores, muchos de los cuales eran pequeños accionistas, clientes y empleados del banco. Un semestre después, el Popular reconocía unas pérdidas que superaban los 3.500 millones de euros, lo que derivó en un relevo de Ron por parte de Saracho; en la salida masiva de depósitos –perdió hasta 18.500 millones en seis meses–; los episodios de falta de liquidez; la intervención de la Junta Única de Resolución; y la venta al Santander.