Los peritos judiciales acusan a Bankia de «guardar en el cajón» deterioros para maquillar su imagen

Víctor Sánchez Noguera y Antonio Busquets, que contaron durante toda la instrucción con el refrendo del juez Fernando Andreu e incluso su labor fue reconocida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se refirieron en concreto al uso que las cajas, y por extensión la propia Bankia, hicieron de la Circular 4/2004 del supervisor bancario. Dicha norma concedía de plazo un año, tras la «combinación de negocio» (por ejemplo, la integración de varios bancos), para que «el adquiriente» pudiera «ajustar deterioros contra reservas que no fueran conocidos», lo que permitiría así no reflejarlos en el folleto bursátil previo a su estreno en el mercado en julio de 2011.

Bajo ese paraguas tanto Rato como los responsables de otras cajas que se integraron en el denominado Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pudieron, según los dos expertos citados -a la sazón inspectores del Banco de España-, ocultar «pérdidas muy relevantes» que en algún caso llegaban a alcanzar hasta el 50% de su patrimonio, aprovechándose además de que el propio supervisor también permitió cargarlas contra reservas en vez respecto a la cuenta de resultados. Pero ambos advirtieron de una salvedad importante: a priori, solo se autorizaría ese aplazamiento de un año si la información completa de las operaciones no estaba disponible en su momento.

Y es aquí donde Sánchez Nogueras y Busquets niegan esa posibilidad porque, según explicaron, no eran operaciones nuevas sino que buena parte procedían incluso de 2009 y lo que se les pedía era que las reflejasen en las cuentas anuales de 2010, sin esperar a las de 2011. «Estos deterioros eran conocidos -declararon al tribunal-, como ha señalado también PwC -esta firma y la consultora AFI revisaron posteriormente los balances- en su informe de valoración; lo demás -aseveraron- es manipulación». «Esto ha sido jugar con los resultados, ahora los pongo y ahora los quito… no sé si me entienden», insistió el segundo de ellos mirando a los magistrados.

Por más que la docena de expertos contratados por las defensas volvieran a reprocharles este martes que estuvieran haciendo una «lectura muy incorrecta» de los números, e incluso que hubieran formulado «juicios de valor poco acreditados», los dos peritos judiciales se reafirmaron en que la información contable necesaria para conocer los deterioros se sabía desde hace tiempo -«nosotros lo tenemos claro», apostillaron- y «no se puede argumentar lo contrario». Como ejemplo pusieron al Banco de Valencia, bajo inspección del Banco de España desde 2009 por «una serie de déficits» relacionados con operaciones pendientes de reclasificar de normal a dudosos, provisiones no dotadas e intereses mal imputados que, sin embargo, no se tuvieron en cuenta para los resultados de 2010 que se integrarían después en BFA-Bankia.

Además, la entidad levantina formaba parte de los balances consolidados de Bancaja desde hacía 17 años, por lo que sus responsables -encabezados por el entonces presidente José Luis Olivas- podían tener «un perfecto conocimiento del activo y del pasivo, de los ingresos y de los gastos» de su participada. En una línea similar, también acusaron a los responsables de algunas cajas de abusar de las refinanciaciones de créditos «sin garantías ni atender los intereses impagados», con el fin de «ocultar la morosidad que afloró posteriormente».

El también inspector -pero en excedencia- Rubén Mansó, ahora perito de las defensas, reprochó a sus antiguos colegas que «confundieran» diferencias entre el valor contable y el razonable de algunos activos con déficits reales, pero Sánchez Noguera y Busquets no se echaron atrás. «Eran deterioros -afirmaron- que se guardaron en el cajón a sabiendas de que dentro de un año los sacarían», eso sí, con Bankia ya cotizando en Bolsa (en teoría, los problemas se reflejarían ya en las cuentas de 2010), aunque Mansó sostuvo que con todo «los inversores eran conscientes de lo que estaban comprando» porque en el folleto se advertía -de forma general- de posibles ajustes adicionales y del riesgo inmobiliario sobre sus operaciones.