La Audiencia Nacional juzgará otros dos pelotazos inmobiliarios de cajas

La instructora de ambos casos, la magistrada Carmen Lamela, comunicó este jueves sendos autos donde transforma dichas diligencias en procedimiento abreviado. Esto es, inicia los trámites para juzgarles por un delito societario continuado, en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social. No obstante, en la causa de Bancaja da la opción de calificarlo, como alternativa, de apropiación indebida y añade, además, otro delito de blanqueo de capitales.

En la causa de la caja levantina, una de las que luego conformaría Bankia, aparece también como perjudicado el Banco de Valencia. En total hay 48 acusados, que además del expresidente Olivas incluyen al ex director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y el consejero delegado del banco, Domingo Parra. Junto a ellos los consejeros de ambas entidades entre 2005 y 2009, y también tres empresarios: Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch.

Según la juez, estos hoteleros valencianos lograron que «los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia -Olivas recibió 14 viajes gratis a Cuba, mientras Izquierdo y Parra se repartieron con ellos una «injustificable plusvalía» de 139 millones de dólares desviada a Andorra- les favorecieran, de modo sistemático e injustificado», en especial en unas inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano. Y pese a las «múltiples irregularidades» que detectó el Banco de España, y la «ausencia de racionalidad económica», «auspiciaron» a su favor «una auténtica operativa de desfalco» de las entidades, con un «quebranto» de 750 millones.

En Caixanova los acusados son media docena de exdirectivos, incluidos el exdirector general, José Luis Pego y el citado Fernández Gayoso, expresidente de la comisión delegada de la antigua caja gallega, hoy integrada en Abanca. La instructora les atribuye un perjuicio de 41,85 millones a la entidad por la compraventa irregular de varias parcelas en Rivas-Vaciamadrid.