Las múltiples causas judiciales enturbian la reputación de las entidades

Cuando las aguas hipotecarias parecían estar calmadas, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el caso del índice IRPH -puede suponer otro varapalo millonario para el sector-, las imputaciones por cohecho, revelación y corrupción, en el caso de BBVA, ha reactivado todas las alarmas sobre la imagen del sector. El consejero delegado del grupo, Onur Genç, reconocía esta misma semana que esa investigación genera «mala imagen» porque a nadie le gusta «salir en los diarios» por ese tipo de circunstancias.

Es prácticamente lo mismo que les ha ocurrido a otras entidades que han tenido que atender la llamada de juzgados como los de la Audiencia Nacional. Allí se encuentran abiertas varias causas donde son tratados hasta una decena de grupos financieros. Con la investigación abierta desde hace varios meses, a finales de julio el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, decidía investigar a Caixabank, Ibercaja e ING por un posible delito de blanqueo de capitales e incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención.

Se trata de una pieza separada denominada 'Bandenia blanqueo', de un procedimiento que investigaba si el chiringuito financiero Bandenia Banca Privada blanqueó durante años dinero procedente del narcotráfico o de la prostitución.

El magistrado se centra en investigar si estas tres entidades financieras, junto con Bandenia Banca Privada y su sucursal en España, están implicadas en el blanqueo de capitales, y si permitieron que esta sociedad ejecutara miles de operaciones sospechosas a través de decenas de cuentas que tenía abiertas.

Sin embargo, la entidad que más objetivos de cámara ha centrado en los últimos años ha sido Bankia por la salida a Bolsa de 2011, cuando estaba presidida por Rodrigo Rato. El caso, también en manos de la Audiencia Nacional, quedará en septiembre visto para sentencia. Además, tras escuchar las decenas de sesiones del juicio oral, la Fiscalía Anticorrupción ha cumplido finalmente su amenaza y ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores, no sólo para los cuatro administradores a los que acusaba inicialmente -el propio Rato, así como José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú- sino a otros 11.

En el caso del Santander, consiguió en abril que la Audiencia Nacional retirara su condición de investigado en la causa que investiga las actividades del Popular. El juez instructor decidió imputar a la entidad presidida por Ana Botín al considerar que tras comprar al Popular debía responder por la responsabilidad penal en la que podía haber incurrido en esa operación. Sí que pesa aún sobre el banco una posible responsabilidad civil.

La condición de investigado que pesa ya sobre BBVA después de que el juez dictara un auto de imputación contra la entidad como «persona jurídica» revela la responsabilidad que tiene una empresa ante los posibles delitos cometidos. Eso sí: solo podrá ser condenada, llegado el caso, por los hechos cometidos a partir del 23 de diciembre de 2010.

Esa fue la fecha en la que entró en vigor la reforma del Código Penal en la que se incluye la posibilidad de penas a personas jurídicas como responsables de ciertos delitos. Por tanto, «no hay retroactividad penal», apuntan fuentes jurídicas. En casos como el de BBVA, cualquier hecho anterior a finales de 2010 no podría ser materia de imputación aunque, en el 'caso Villarejo' el grueso de los contratos se materializaran a partir de 2004.

Esas mismas fuentes jurídicas aclaran que esa especie de frontera temporal «no deja indemne a la empresa de cualquier consecuencia de hechos delictivos cometidos por sus empleados, directivos, responsables o administradores». Esta es la realidad legal a la que se enfrenta cualquier banco, o empresa, porque la propia normativa incluye, por ejemplo, la condena a una persona jurídica como responsable civil subsidiaria» de las consecuencias que tengan los hechos cometidos por sus integrantes, en el caso de que esa persona física no pueda atender su responsabilidad. De hecho, sobre la firma pueden llegar a pesar penas de nombramiento de administrador o cierre de sucursales.