El juez García Castellón sostiene que BBVA contrató a Villarejo por 10,284 millones

El auto de suspensión del secreto, al que ha tenido acceso este periódico, recoge que las contrataciones de Villarejo para BBVA «tendrían por objetivo el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito».

El carácter ilícito se basa en dos cuestiones. En primer lugar, a la vista de la incompatibilidad de los encargos asumidos por Cenyt, la sociedad de Villarejo, teniendo en cuenta la condición de funcionario policial en activo de su titular durante la realización de los trabajos, lo que, dice el juez, podría implicar un delito de cohecho pasivo. Y, en segundo lugar porque, según el magistrado, la prestación de los servicios contratados «implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria», prácticas en las que el magistrado observa potenciales y múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Estos servicios prestados se habrían realizado «a cambio de elevadas sumas de dinero», tal y como señala el auto. Durante la investigación, según recoge el documento del juez, se han localizado abonos en las cuentas de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, SL, Cenyt, por valor de un total de 10.284.689,30 euros, que tendrían su origen en la prestación de servicios por parte de la sociedad de Villarejo para la entidad.

La investigación de esta pieza separada, la número 9, del caso Villarejo, según reza el auto, ha implicado la realización de diligencias para comprobar la regularidad de determinadas transacciones efectuadas a favor de Cenyt y de las políticas de cumplimiento de BBVA, para lo que se requirió información a PriceWaterHouseCoopers y se tomó declaración judicial a varias personas.

La Fiscalía ha determinado que todas estas pesquisas son suficientes y por eso pidió al juez el levantamiento del secreto.

En el auto, además del nombre de Villarejo, aparece el de Julio Corrochano Peña, el ex responsable de seguridad corporativa de BBVA y también, como Villarejo, antiguo miembro de Cuerpo Nacional de Policía. Corrochano era el único alto cargo de BBVA que estaba identificado cuando arrancó la investigación como sospechoso de realizar las contrataciones a Villarejo, en calidad de interlocutor. Para evitar entrar en prisión, Corrochano, en su día, tuvo que pagar una fianza de 300.000 euros.

Pero en la causa también están investigados cargos y excargos de la entidad, como su expresidente Francisco González. De hecho, desde que se abrió la causa, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, BBVA incluido en calidad de persona jurídica. A excepción de González y del exejecutivo Antonio Béjar y los representantes legales del banco, los imputados en la pieza optaron por acogerse a su derecho de no declarar cuando fueron citados en la Audiencia Nacional.

Los trabajos de Villarejo para BBVA se habrían extendido entre 2004 y 2017. Los contratos objeto de las pesquisas van desde las supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, frenar la presunta extorsión de Ausbanc, pasando por el análisis de la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

El levantamiento del secreto coincide con el inicio del juicio en la Audiencia Nacional contra Ausbanc y su presidente Luis Pineda, precisamente por la supuesta extorsión a BBVA, entre otros. Según la factura emitida por Cenyt, BBVA pagó en junio de 2015 al menos 211.750 euros para investigar a Ausbanc y a Pineda.