Liquidar el Popular habría extendido las quiebras a más bancos, según Bruselas

      Y es que la recuperación del sector financiero aún no se ha completado, pese a mejorar claramente sus cuentas tras el rescate de 41.300 millones de euros que España pidió en 2012 para recapitalizarlo y del que quedan por devolver casi la mitad (23.700 millones). Por eso, la Junta Única de Resolución (JUR), uno de los mecanismos de la Unión Bancaria implementados por la Comisión Europea y los Veintiocho, advierte en su último informe de que de no haber actuado como lo hizo hace un año «se hubieran podido producir nuevos casos de iliquidez, creando un círculo vicioso» para el conjunto de la banca española que «podría haber provocado que hubiera situaciones de inviabilidad y liquidaciones» de más entidades.

      Ese informe, elaborado a petición de los responsables de la JUR por la auditora Deloitte, explica que al ser el Popular el sexto banco español por activos -disponía de 126.300 millones de euros en balance la víspera de su resolución- liquidarlo habría «impactado» en otros bancos, «especialmente» en aquellos que ya tuvieran «problemas de liquidez y solvencia». Es más, como en un efecto dominó, estima que «el aumento de las primas de riesgo por la mayor incertidumbre» habría generado situaciones similares y, por tanto, las autoridades europeas y españolas se habrían encontrado en la tesitura de ver si había que «resolver» más entidades a punto de quebrar, es decir, haber tabla rasa sobre su valor y estudiar su traspaso.

     

     «Escenario conservador»

     

     Todo eso lo sitúa, asimismo, en un «contexto de recuperación y crecimiento sólido» de la economía española, tomando para ello «un escenario conservador que generalmente iría en favor de los accionistas y acreedores». Pero, insiste en sus advertencias, de haber procedido a liquidar el Popular se habría generado «una mayor incertidumbre en el sector bancario» que «normalmente habría afectado directamente» a la economía, restringiendo más el crédito y perjudicando así tanto las inversiones empresariales como el consumo de los hogares.

      «Lo anterior -añade el dictamen encargado a Deloitte (el tercero que hace del mismo asunto)- presentaría un contexto negativo que reduciría con toda seguridad las recuperaciones» de los socios y acreedores del banco, y «aumentaría todavía más las pérdidas en un escenario de insolvencia». Según los cálculos que ha hecho para la JUR, las alternativas a la polémica resolución resultarían siempre más dañinas en función de cuánto se prolongase el pretendido concurso de acreedores.

      «En el peor caso», con un proceso rápido (18 meses) sin esperar a que los activos del banco recobraran parte del valor perdido, el balance recuperado no pasaría de 95.078 millones. Y «en el mejor escenario», llegando a siete años, la suma se elevaría a 104.114 millones. Las amortizaciones, a su vez, podrían dispararse a 34.144 millones en un concurso de solo año y medio, aunque si se esperara siete años cabría reducirlos a 23.444 millones y eso contando un máximo de 3.450 millones en indemnizaciones por pleitos. Por eso, como las pérdidas con la «resolución» ascendieron a 11.439 millones, la JUR sugiere que al final «salvó» 22.705 millones.

      Otro punto llamativo del informe es el desglose de los distintos activos del Popular. Por ejemplo, la entidad disponía de 5.692 millones en créditos fiscales, aunque el 61% no estaban protegidos y recuperarlos dependería de los «beneficios gravables futuros». Sobre los créditos dudosos, uno de sus principales problemas, ascendían a 6.744 millones de euros los que no contaban con garantía, lo que supone que uno de cada tres préstamos (33,4%) sufría un elevado riesgo de impago.