El juicio del 'caso Bankia' apura su final con las conclusiones de las defensas

Tras presentar el lunes pasado sus conclusiones finales la Fiscalía Anticorrupción -que añadió al delito de fraude a inversores otro de falsedad documental, y elevado a 15 el número de acusados, incluyendo a los entonces responsables de las auditorías- y las acusaciones (populares y particulares en nombre de los inversores que se personaron en la causa), a partir de este martes será el turno de las defensas. Y la primera en intervenir será la de Rodrigo Rato, expresidente del banco y para quien el Ministerio Público pide ocho años de cárcel –la asociación Adicae duplica la solicitud de pena hasta 15 años–.

Según fuentes jurídicas, el abogado de Rato -quien antes de su carrera financiera al frente del FMI y luego de Caja Madrid fue vicepresidente económico del Gobierno con el PP- dividirá su alegato final en dos grandes bloques. El primero versará sobre la contabilidad de las siete cajas de ahorros que se fusionaron en Bankia y el sistema para anotar sus deterioros multimillonarios (fundamentalmente por elevados riesgos inmobiliarios), donde defenderá que se respetó en todo momento la normativa contable que –insistirá- les permitía cargar pérdidas contra reservas en vez de sobre los resultados.

Así lo testificaron también durante el juicio el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su número dos, Javier Aríztegui, quienes sostuvieron que no existían »deterioros ocultos» en los balances de la entidad financiera que revisó dicho organismo, además de que la citada forma contabilización resultaba «sensata y adecuada» aunque «luego hubiera que poner más capital». Sin embargo, el que fuera jefe de la división de Normativa Contable del supervisor, Jorge Pérez, les contradijo en su declaración porque a su juicio generaba un «efecto patrimonial muy grave» y un «riesgo reputacional».

La segunda parte del informe del letrado de Rato -que, según las fuentes consultadas, en buena parte seguirán otras defensas- señalará que la salida a Bolsa fue avalada por el propio supervisor bancario y el Gobierno, de modo que resultó una decisión «más legal que empresarial». Además, aludirá a que si pudo producirse algún tipo de error se debió a que los plazos eran «muy cortos» ya que precisamente el Banco de España había puesto como fecha tope septiembre ante los nuevos requerimientos de capital que habría que cumplir.

Por último, tanto la mayoría de las defensas -la segunda en intervenir será la del exvicepresidente José Luis Olivas- tratarán de poner en entredicho las conclusiones de los dos inspectores del Banco de España que han actuado como peritos judiciales, para quienes Bankia incurrió «innumerables errores contables no reconocidos», manipulando sus cuentas para «no aflorar millones y millones de euros en pérdidas». Los expertos de parte, por el contrario, sostuvieron que la entidad hizo un ejercicio de transparencia «brutal» en el folleto bursátil, descartando que lo dicho allí no reflejara su situación real o los riesgos existentes, por lo que en su opinión no se podría concluir que se actuó con falta de diligencia hacia los inversores minoristas.