El juez quiere que BBVA aclare por qué fallaron sus órganos de control en el 'caso Villarejo'

Por ese motivo la declaración del representante legal de la entidad financiera, prevista para el próximo 24 de septiembre, puede ir más allá del formato habitual en las imputaciones empresariales y adquirir una importancia inusitada para medir tanto el grado de colaboración real del banco con las pesquisas judiciales como el funcionamiento de su programa de prevención de delitos ('compliance'), obligatorio para las compañías desde la reforma del Código Penal que entró en vigor a finales de 2010. Su comparecencia, dentro de la pieza nueve de las trece que por ahora tiene el denominado 'caso Tándem' sobre los trabajos realizados por la red parapolicial que presuntamente montó Villarejo durante más de una década con varios socios, se producirá además tras el interrogatorio en fechas previas del mes próximo de varios ex cargos de la Policía y agentes que pudieron colaborar en los trabajos para el BBVA.

En el auto donde decretaba de manera oficial que BBVA pasaba a ser investigado como persona jurídica, dictado a finales de julio, el juez instructor del caso sostiene que su cúpula «consintió» la contratación de empresas de Villarejo (fundamentalmente de la firma Cenyt) para «múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial» pese a tener «carácter ilícito», en vista del «beneficio personal y empresarial» que podían reportar sus servicios. En concreto, desde su primer encargo en 2004 hasta los últimos en 2017 -todos durante la presidencia de Francisco González, que aún no es investigado de manera formal- realizó seguimientos y espionajes a personas (incluso el ex alto cargo del Gobierno Miguel Sebastián) vinculadas al ascenso del grupo Sacyr en el accionariado del banco, la asociación de consumidores Ausbanc y varias constructoras morosas como Martinsa y Prasa, entre otros.

Por esos trabajos el comisario percibió en total, al menos 12,3 millones de euros, siendo el pago más grande de una sola vez de 2,1 millones y los más modestos de 60.500 euros mensuales por supuestos análisis de riesgo de varios países donde operaba la entidad financiera, según las fuentes citadas. Esta es la razón por la cual el juez y los fiscales estiman que el banco podría haber incurrido en un delito continuado de cohecho activo dado que, como policía en activo, Villarejo tenía prohibido realizar ese tipo de trabajos. Respecto a los «múltiples» delitos de descubrimiento y revelación de secretos, consideran que su responsabilidad penal deriva de que los servicios encargados supusieron «una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» mediante seguimientos, intervenciones telefónicas (más de 15.000) e incluso acceso a documentación bancaria reservada.

Del delito de corrupción en los negocios, el reproche se refiere a que algunos directivos del BBVA investigados -hay ya una decena (pasados y actuales) pero solo uno, Antonio Béjar (exresponsable del Área de Riesgos), contestó a las preguntas del magistrado- «habrían percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones». No se concreta qué cargos podrían ser, aunque con ello el juez abre la puerta a que el banco pueda descargar en algunos las responsabilidades sobre presuntos «actos de corrupción que pudieran considerarse como perjudiciales para la sociedad». Pero García-Castellón quiere que sea la propia entidad la que explique, con informaciones concretas, si estaríamos ante actuaciones «personales» de directivos que «pudieran resultar contrarias al interés» de la misma.

También pretende que el representante legal del banco, dando por hecho que negará la acusación judicial de que pudieron ser «tolerantes con prácticas contrarias a la buena fe empresarial», le detalle cómo funcionaron en este caso los «mecanismos de control» de BBVA al haber fallado en apariencia. Por encima de todos estaba la vigilancia del consejo de administración, obligado por el gobierno corporativo que marca el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a denunciar cualquier irregularidad interna. Luego aparecen el área de Cumplimiento Legal -de la que dependía directamente el 'compliance' y cuyo responsable, Eduardo Arbizu, dejó la entidad en julio-, las de riesgos y supervisión, y además el departamento de auditoría interna. De la eficacia de la «vigilancia» que habrían realizado todos ellos dependerá en buena medida el futuro procesal del banco.