El juez propone juzgar a Ángel Ron y a PwC por estafa en el 'caso Popular'

En concreto, el magistrado procesa al expresidente de la entidad, Ángel Ron, junto a otros 12 directivos y a la consultora PwC -que auditó sus cuentas- por los delitos de estafa y falsedad contable. Mientras, se acuerda el sobreseimiento provisional para el último presidente del banco, Emilio Saracho, «al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable«. Es más, el juez dice que Saracho tomó medidas para chequear y evaluar su balance y descarta que el directivo fuese responsable de las «graves filtraciones» a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que desplomó su cotización antes de la disolución del banco.

La resolución, de 178 páginas, es firme en sus conclusiones: «los inversores que acudieron a suscribir la ampliación fueron engañados», puesto que las cuentas de 2015 y del primer trimestre de 2016 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».

El juez recuerda que Banco Popular ocultó un importante déficit de provisiones durante esos años, en un momento en el que su cartera de activos inmobiliarios se encontraba ampliamente sobrevalorada. En el auto, el magistrado recuerda que si el banco hubiera clasificado y dotado correctamente los créditos dudosos y los activos adjudicados, las pérdidas contables habrían ascendido a 2.500 millones de euros en 2015, frente al beneficio de 105 millones (más otros 93 millones en el primer trimestre de 2016) presentados por la entidad.

Entre los miembros de la cúpula señalados por el juez se encuentran ek exvicepresidente, Roberto Higuera, el exCEO, Francisco Gómez o el exdirector de riesgos, José María Sargadoy. También los exdirectores financieros, Javier Moreno y Francisco Sancha, así como el exdirector de auditoría, Jesús Arellano, el exresponsable de banca minorista, Antonio Pujol y el exdirector de negocio, José Ramón Alonso, así como el exdirector legal, Tomás Pereira. Por otro lado, los nombres señalados por la auditoría de las cuentas son Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda, además de la propia auditora.

El magistrado subraya que PwC no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015, ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31 de marzo de 2016.

Respecto a la comercialización de la ampliación de capital, el magistrado relata que se impartieron instrucciones veladas a la red comercial, por orden del consejero delegado Francisco Gómez, a fin de financiar a muchos clientes la compra de acciones, a pesar de que estaba expresamente prohibido en el Manual de Políticas de Riesgo del Banco Popular. La cantidad financiada, agrega, «no se restó del capital regulatorio que afectaba al banco, motivo por el cual se ofreció al mercado una cifra distorsionada del mismo».

El auto también hace referencia a la estructura Thesan, consistente en la creación de sociedades en Luxemburgo con la única finalidad de canalizar créditos del Popular a estas sociedades con objeto de que, posteriormente, derivaran esos préstamos a determinados acreditados del Popular, a fin de evitar que fueran clasificados como créditos dudosos y, por tanto, eludir la dotación de cientos de millones de provisiones.

El titular del Juzgado de Instrucción Cuatro atribuye a los investigados también un delito de falsedad contable perpetrado sucesivamente en las cuentas anuales de 2015, en los estados financieros intermedios de 2016 y en las cuentas anuales de este último año. A esta situación contribuyó, según el juez, la colaboración consciente del auditor externo (PWC) pues no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de Banco Popular del año 2015 ni en el informe limitado respecto de los informes financieros del primer trimestre de 2016.

Calama explica que ha quedado extramuros de la instrucción la actuación de los supervisores (CNMV/BdE/BCE), pues desde el inicio de la investigación penal así se dispuso ya que no compete al órgano judicial determinar si el sistema de supervisión funcionó correctamente o no y añade que serán otros ámbitos los que deberán ponderar si estuvieron o no a la altura de su importante misión institucional.

Respecto a la posible responsabilidad civil del Banco Santander -una de las principales dudas que aún quedaban por despejar- el juez indica que, tal y como sugirió la Sala de lo Penal, será en el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral cuando se aborde esta cuestión. La entidad presidida por Ana Botín ha estado durante años en el foco del caso ante la avalancha de reclamaciones de los afectados que, en su momento, consideraron que Santander debía compensar las pérdidas al ser la entidad que absorbió Popular por el precio simbólico de un euro.

Por su parte, desde el entorno de Ángel Ron aseguran que recurrirán el auto «porque no se corresponde con lo que se ha instruido y porque las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados». El propio Ron firma un comunicado en el que se apoya en el polémico informe en el que los peritos del Banco de España aseguraban que la entidad era solvente en el momento de su resolución, recordando además que él mismo invirtió en la ampliación de capital de 2016 junto a otros consejeros, con un total de 500 millones de euros. «Soy un perjudicado de los que considero un expolio del Banco Popular», asegura.