Exdirectivos del Banco de España se contradicen sobre la viabilidad de Bankia

El que fuera jefe de la división de Normativa Contable, Jorge Pérez, aseveró al tribunal que el folleto de esa salida «no mostraba la imagen fiel» de las cuentas del banco, dado sobre todo el «bestial» descuento que sufrieron el precio de sus acciones antes del debut. Explicó que en dicho documento se valoraba cada una en 15 euros, pero luego se rebajó el rango a una horquilla de cuatro a cinco (finalmente salieron a 3,75).

Declaró que una rebaja tan «exagerada» es «imposible» salvo que las cuentas del ejercicio anterior (2010) «no se correspondieran con la realidad». «Estaba en absoluta contradicción con los estados financieros del propio folleto», abundó después en la misma idea.

Que hubiera dos precios «radicalmente distintos en una compañía de nueva creación» –apuntó este ex alto cargo del supervisor– llevó a su departamento «incluso» a cuestionar la «veracidad» de la información dada por los responsables de Bankia, encabezados por Rodrigo Rato. «Aquella situación nos inquietó bastante», admitió a preguntas de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

«He visto muchos folletos de salida a Bolsa –añadió este testigo– y aquel no recogía lo esencial». «Eso es una evidencia, no un indicio», apostilló. Ya de una forma más coloquial, llegó a decir que si se dan «duros a peseta, eso hay que corregirlo» porque se ha de contemplar de manera formal esa pérdida de valor. De no hacerlo, señaló, es como si se estuviera «regalando la entidad» porque algo que en apariencia se decía que valía «como el oro», resulta que luego se terminó vendiendo «a precio de cobre».

Pero el entonces subgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, sí respaldó en un testimonio posterior la viabilidad del banco y negó que hubiera «deterioros ocultos» en los balances . Según el que fuera 'número dos' de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hasta los activos de Bankia estaban «impecablemente reflejados», al igual que en el conjunto del sector -precisó- y para sugerir que se podía haber tapado información «hay que demostrarlo».

Reconoció, sin embargo, que el importante descuento en el precio de los títulos tuvo un «efecto desestabilizador», aunque lo matizó porque sí se asume «tiene arreglo». Asimismo, despreció los correos de los inspectores que vigilaban Bankia, y en concreto de su jefe José Antonio Casaus –de quien dijo que las decisiones de supervisión «no se adoptan al albur de una persona a la que le viene una iluminación»-, porque «hay millones y millones de notas, papelitos, correos, barruntos, pálpitos y sentimientos, entre gente que tiende a escribir muchísimo», pero «a la comisión ejecutiva no llega ninguno». «Aquí -zanjó- se llega con informes y propuestas, no con charletas».

En cuanto a la controvertida decisión del Banco de España de permitir a Bankia cargar las pérdidas esperada contra reservas y no frente a resultados, como venía siendo normal según otros testimonios aunque el gobernador y los gestores del banco coinciden en que fue una solución «perfectamente válida», lo respaldó porque la entidad «iba por el camino esperable». 

Pero Pérez sostuvo que eso chocaba con la normativa española y europea, además de generar un «efecto patrimonial muy grave» y un «riesgo reputacional» porque el supervisor debe velar por la solvencia de los bancos pero con aquel ajuste ésta «no se protegía». Según él la comisión ejecutiva llegó a reconocer esos problemas legales, pero lo aprobó porque «había razones supervisoras que cumplir, …un concepto jurídico indeterminado que no se qué significa».

En cualquier caso, para Aríztegui aquella fórmula de contabilización era «sensata y adecuada» para que las cajas fusionadas y su matriz, BFA, tuvieran una imagen «lo más homogénea posible» en los mercados. Y eso aunque luego hubiera que «poner más capital», algo que veía casi normal en tiempos de crisis. Eso sí, no entendieron que el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, se «emperrará de manera extraña» en no participar en la fusión pese a que por su estructura y riesgo inmobiliario era «un claro candidato a necesitar ayudas públicas en el futuro».