El Estado vota en contra de subir el sueldo a la cúpula de CaixaBank

El 'no' del Estado se explica por la «coherencia» con el discurso del Gobierno, así como del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en torno al sueldo de los directivos de las grandes compañías del Ibex-35, según apuntan fuentes conocedoras de la votación en la junta de hoy. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo ha llamado a la moderación en las retribuciones de los altos directivos de las empresas en un contexto de grandes beneficios pero con una buena parte de la población ahogada por el coste de la vida.

De hecho, el Gobierno se muestra «contento» con la gestión que la actual cúpula de CaixaBank está realizando del banco, con Goirigolzarri a la cabeza, así como de la evolución del negocio, y sobre todo en lo relativo a las políticas de inclusión social, territorial y preocupación por los clientes más vulnerables, claves para el Gobierno, que está presente en el consejo del grupo bancario.

El punto en el que el Estado ha votado en contra ha sido el 6.1, en el que se proponía subir la remuneración total objetivo del presidente Goirigolzarri en un 3% y del consejero delegado Gortázar en un 5,6%. Las retribuciones fijas anuales en metálico para 2024 se fijarán en 2,5 millones de euros para Gortázar y 1,7 millones de euros para Goirigolzarri. Las modificaciones también afectarán los importes 'target' del esquema de remuneración variable con métricas plurianuales, estableciendo objetivos basados en rentabilidad, eficiencia, activos problemáticos, sostenibilidad y cuota de mercado, entre otros.

A pesar del voto negativo del FROB, este punto sobre las retribuciones de los directivos ha salido adelante gracias al apoyo de una mayoría de los accionistas de la entidad que han participado en la junta anual de este viernes. También han sido validados el resto de propuestas sometidas a votación.

No es la primera vez que el Estado se niega a respaldar la subida de sueldos del consejo de aministración de CaixaBank desde que se puso en marcha la fusión hace tres años. Ya en 2021, en la primera junta con las entidades integradas, el FROB votó en contra de la política de remuneración acordada por el consejo, en medio de la crisis derivada aún por la pandemia y el 'shock' económico que provocó el coronavirus. El año pasado, en la junta de 2023, el Gobierno decidió abstenerse en este punto de la votación, en vez de votar en contra, una práctica que ha recuperado esta vez.

En esa junta, Goirigolzarri ha reclamado que se lleve a cabo un proceso de consolidación fiscal de las finanzas públicas «creíble, sostenible y con vocación de ser cumplido». También ha lamentado que la economía española «tiene debilidades estructurales» que se arrastran desde hace décadas y que se deben resolver. «Siempre he pensado que la mayor vulnerabilidad de la economía española son sus cuentas públicas, y el punto más preocupante es su escaso crecimiento», ha añadido.

La junta también ha validado la distribución de un dividendo de 0,3919 euros brutos por acción correspondiente al ejercicio 2023. El evento ha tenido lugar este viernes en el Palau de Congresos de Valencia, con la presencia o representación de 28.461 titulares de acciones que suman el 77,81% del capital social.

También se ha aprobado la reelección de la consejera María Verónica Fisas como independiente y la reducción del capital social para amortizar la totalidad de las acciones propias adquiridas en el marco del programa de recompra de acciones.

El dividendo aprobado supone un incremento del 70% frente al repartido en 2023, representa un 'payout' del 60% y el pago se hará efectivo a los accionistas a partir del próximo 3 de abril. Así, la cuantía total destinada a dividendos, con cargo a los resultados de 2023, asciende a 2.890 millones de euros.

Los accionistas han dado el visto bueno a las cuentas anuales individuales y consolidadas, y a sus respectivos informes de gestión, correspondientes a 2023; así como a la gestión del consejo de administración durante el ejercicio.

También han aprobado otros acuerdos, como reelección del auditor de cuentas para 2025, la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros o la autorización y delegación de facultades para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos aprobados.

Representantes de los diferentes sindicatos han aprovechado el turno de intervenciones de los accionistas para afear a los directivos del banco la política comercial actual, que han asegurado que provoca una «presión desmedida» a los trabajadores.